En 2021, tras mejoras progresivas, Costa Rica alcanzó el quinto lugar entre los países con mayor libertad de prensa en el mundo y el primero en América, según la respetada organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en Francia. En su medición de entonces, obtuvimos 91,24 de 100 puntos posibles, solo superados por Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Nos colocamos así en la cúspide de un “primer mundo” en ese indicador tan importante para medir también la calidad democrática.
Desde entonces hemos desmejorado de forma alarmante. En la clasificación de este año, divulgada el viernes, caímos al lugar 36. Nuestra “nota” fue de apenas 73,06, y nos superaron cuatro países hemisféricos: Trinidad y Tobago, Canadá, Jamaica y Surinam. Además, perdimos diez lugares en relación con 2024, evidencia contundente sobre la celeridad del deterioro.
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Cierto, todavía ocupamos una categoría denominada “más bien buena” por RSF, así como una posición relativamente favorable en relación con el resto de América. Además, el panorama global, aunque con múltiples excepciones, es decepcionante. Pero el mal de otros no debe servir de consuelo. Lo inquietante, y mucho, es cuánto nos hemos deteriorado internamente y cómo esto afecta nuestra convivencia y dinámica sociopolítica.
Por desgracia, la espiral de descenso no sorprende, y tiene como impulso la manera insistente y deliberada con que el presente Gobierno se ha empeñado en vulnerar fundamentos esenciales de esa libertad. Sus acciones incluyen “conferencias de prensa” orquestadas; el financiamiento, mediante pauta estatal, a plataformas de contenido afines; la discriminación contra las que no lo son; las presiones administrativas a medios independientes; los ataques frontales –y hasta insultos-- contra varios periodistas, sobre todo emanados del presidente Rodrigo Chaves; y el impulso, en redes sociales, a cuentas que tienen como principal misión asediar a las personas que levanten voces críticas.
En un reciente estudio de opinión realizado por el Instituto de Estudios Sociales y de Población (Idespo), de la Universidad Nacional, 48,1% de los encuestados dijo que expresar públicamente sus criterios sobre problemas nacionales podría acarrearles consecuencias negativas. En otro, divulgado el año pasado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, 53% consideró que en el país existen censura o limitaciones para expresarse, y 65,6% consideró que la libertad de expresión está en riesgo.
Con justicia, RSF reconoce varias fortalezas del país. Menciona la diversidad del panorama mediático nacional, el ejercicio periodístico sin trabas ni amenazas a la integridad física, y la existencia de un marco jurídico sólido “en términos de libertad de expresión”. Destaca la separación de poderes, la ausencia de un partido político hegemónico, las garantías que ofrece nuestra Constitución, su eficaz tutela por la Sala Constitucional, el acceso irrestricto a internet y la aprobación legislativa, el pasado año, de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública. Todo esto crea condiciones que atemperan la hostilidad y ataques del presidente, sus principales operadores políticos o los detractores a sueldo contra la expresión libre en general.
Entre los retrocesos, RSF señala las presiones económicas que experimentan los medios y que compromete su independencia, los “frecuentes ataques verbales contra periodistas”, la restricción del acceso a la información pública, y los intentos del Ejecutivo “por estigmatizar a la prensa crítica”.
Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visitó el país en enero, emitió un crítico informe, que coincidió en todos esos aspectos. Además, mencionó las granjas de troles dedicadas a amedrentar y un “clima enrarecido y polarizado sin precedentes” en Costa Rica.
La importancia del derecho a la expresión libre, reconocido por múltiples tratados internacionales, recibió un nuevo impulso en 1991, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde entonces se ha conmemorado para resaltar la importancia de la libertad de expresión en general.
Su celebración mundial de 2013 se realizó en Costa Rica. Fue un merecido reconocimiento al compromiso nacional con tan importante principio. Al dirigirse a los delegados internacionales, entre ellos Irina Bokova, directora general de la Unesco, la entonces presidenta Laura Chinchilla expresó un concepto con enorme vigencia actual: “Por supuesto que las relaciones entre gobiernos y medios, o entre políticos y periodistas, no siempre son fáciles. A menudo se conducen con tensión y no han faltado los desencuentros (...) Sin embargo, sabemos que son parte del ejercicio democrático y las abordamos con respeto y tolerancia”.
Hoy no ocurre así, por decisión de los gobernantes. Pero su actitud, lesiva de la libertad de expresión, debe ser razón de más para esforzarnos en perfeccionarla y protegerla.
