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Dentro de las transformaciones impulsadas por la Segunda República para que Costa Rica dejara de ser un Estado productor del postre de los países desarrollados (café y banano), se impulsaron políticas que renovaban nuestra economía y sociedad, tales como:
a) Diversificación agrícola orientada a los mercados nacional e internacional.
b) Renovación de cafetales por especies más productivas.
c) Caminos de penetración a las regiones incomunicadas, tales como Limón, zona sur, Guanacaste y parte importante de las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y San José, que se veían obligadas a transportar sus productos a los mercados con carretas de bueyes.
d) Nacionalización bancaria y establecimiento del crédito rural e industrial.
e) Nacionalización eléctrica y electrificación del país.
f) Abolición del ejército y traslado de los fondos de defensa a la educación, dándole cobertura a todo el país.
Como se podrá apreciar, se trataba de un cambio muy importante, basado en una nueva visión de país: un país más diversificado que creaba las condiciones para un desarrollo agroindustrial.
Pero esta transformación no podía llevarse a cabo únicamente con cambios en la infraestructura. Requería también una población alfabetizada y educada en todo el país, incluyendo las regiones más aisladas –donde abundaban las serpientes y acechaban enfermedades que diezmaban la población, como la fiebre amarilla y el paludismo–, carentes de servicios de salud.
Para emprender esta tarea educativa, vital para generar capital humano para el desarrollo, en 1958 el gobierno llamó a las organizaciones magisteriales y les propuso emprender esta tarea.
La Ley 2248 de Pensiones del Magisterio
Dadas las condiciones adversas imperantes entonces en la mayor parte del país y el hecho de que el promedio de vida era, en ese año, de menos de 60 años, el Magisterio aceptó la tarea, pero pidió como condición un régimen de pensiones equivalente al último salario.
Se propuso y se aceptó una tasa de contribución del 15% sobre los salarios, distribuida en tercios: un 5% a cargo de los educadores, otro 5% a cargo de los empleadores y un tercer 5% aportado por el Estado a través del Ministerio de Hacienda. Se crearía un fondo que sería administrado por Jupema.
Lamentablemente, este fondo nunca se creó ni tampoco fue traspasado a Jupema para su administración, lo que habría permitido que, con sus recursos, se financiaran las pensiones del fondo RTR del Magisterio, como correspondía, y no fuera una carga para las finanzas públicas.
En otras palabras, el Estado costarricense malversó los recursos aportados por los educadores desde 1958 hasta 1995 y nunca aportó el porcentaje del 5% que le correspondía.
El Estado no solo cometió ese delito, sino que públicamente ha tratado nuestras pensiones como si fueran de gracia y no como una indemnización justa. Al mismo tiempo, ha promovido en la Asamblea Legislativa recortes y “contribuciones solidarias” en nuestras pensiones.
El Magisterio cumplió con el país
Mientras tanto, los educadores cumplimos la tarea, llevando educación a las regiones más apartadas del país, elevando la alfabetización y el índice educativo de manera eficiente y destacando en América Latina.
Hoy, Costa Rica ocupa el tercer lugar en producto interno por habitante y es el tercer exportador, en números absolutos, de bienes de alta tecnología, solo después de dos gigantes como México y Brasil.
Cumplimos con la patria, pero los gobiernos de turno no solo malversaron nuestras contribuciones, que fueron siempre muy superiores a las del IVM y las de nuestros patronos, sino que nos han acusado de no haber aportado lo suficiente para recibir nuestras pensiones y de ser parásitos de la Hacienda Pública.
Muestra de ello es que el Poder Ejecutivo vetó la ley que descongelaba las pensiones con menores montos, lo que afecta, desde hace cinco años, a centenares de miles de jubilados en un momento de gran vulnerabilidad.
Es sabido que la educación de nuestro país se encuentra actualmente en un momento muy difícil, carente de visión y liderazgo, en un mundo donde una educación actualizada para las nuevas generaciones es estratégica.
¿Podrá un Estado maltratador de los docentes, sin reconocer su delito ni pedir perdón, recuperar la confianza y liderar los cambios necesarios para hacer de la educación el pivote de nuestro progreso?
Miguel Sobrado es el presidente de la Asociación de Jubilados en Acción.
