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En un artículo publicado el 9 de febrero anterior en La Nación, el periodista Juan Fernando Lara S. nos informa de que la Aresep alerta sobre la calidad del agua en nuestro país.
Un 38% de los acueductos evaluados muestra presencia de coliformes fecales, un 30% carece de desinfección y un 23% incumple los parámetros fisicoquímicos y organolépticos, tales como pH, turbidez, color, temperatura y olor, asociados a deficiencias operativas que afectan el tratamiento del agua.
Esto es un verdadero escándalo. ¿Dónde hemos estado para permitir semejante desastre? Sin la menor duda, el agua que consumimos la mayoría de los costarricenses nos pone en enorme riesgo de enfermedades.
En Costa Rica, el agua es un bien público y, además, un derecho humano constitucionalmente establecido. Pero, ¿quién ha estado a cargo del AyA? ¿Quién, a cargo del Ministerio de Salud? No me digan que estas competencias no son desempeñadas directamente por el Gobierno, que debe garantizar –sin necesidad de ninguna ley adicional– la salud y la pureza del agua que bebemos.
“Pero no es motivo de preocupación”, me han dicho: simplemente compremos agua embotellada a las empresas privadas que pagan un canon para embotellar agua tratada y limpia.
¡Santo Dios, a lo que hemos llegado! El agua es de todos y tenemos derecho a reclamar que sea totalmente potable y apta para el consumo. Con ese propósito, hemos creado instituciones públicas, pagadas por todos, para que cumplan con su deber de garantizar la pureza del agua… pero no lo cumplen.
Y no se trata de carencia de agua o de leyes; de ambas hay suficientes. Se trata de un gobierno que no cumple ni siquiera con cuidar nuestra salud, a la que tenemos derecho y por la que pagamos ingentes recursos. ¿Dónde está nuestra democracia, cuya burocracia extiende la mano para recibir generosos salarios, pero no cumple con la letra de la Constitución Política?
Resulta, entonces, que el agua es un bien público y un derecho humano, pero solo para quienes pueden comprar botellitas o garrafones; los demás corren el peligro de enfermarse por los coliformes fecales o por las materias orgánicas e inorgánicas peligrosas que contiene.
Mi reclamo no es contra la empresa privada que ha visto una oportunidad o nicho para vendernos agua limpia. Está en su derecho. Mi reclamo es, definitivamente, contra los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, que no cumplen ni siquiera de manera mínima con el mandato elemental de proteger los derechos humanos y la salud del pueblo que los eligió, ni de evitar enfermedades provocadas por el “descuido” de funcionarios carentes de idoneidad en cargos absolutamente vitales.
Y el pueblo… sin darse cuenta de que no tiene ni siquiera agua limpia, ni dinero para comprarla porque el gobierno –al menos el actual– no ha reparado en ello, peligra enormemente.
Lo informado en este artículo de La Nación amerita una acusación ante la Sala IV por incumplimiento de deberes. Desde luego, la presentaré yo… pero ¿me darán pelota? ¿Cuándo se resolverá, si es que se resuelve algún día? ¿Y cómo se garantizarán la potabilidad y la salubridad del agua en nuestro país? ¿Requiere el AyA no solo funcionarios idóneos y comprometidos, sino también una reformulación de la institucionalidad?
joycezurcher@gmail.com
Joyce Zurcher es filósofa.
