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Como inversionista afectado del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del BCR, observo con profunda preocupación la decisión del Banco de Costa Rica (BCR) de judicializar la orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en el caso del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Lo que está en juego es más que un activo; es la confianza en nuestro sistema de valores y la protección de miles de ahorros.
La resolución SGV-R-179-2024 de Sugeval, emitida el 29 de octubre de 2024, ordenó a BCR SAFI, y subsidiariamente al BCR, retirar el PEP del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), reintegrar los $70 millones de la compra inicial y asumir los costos directos. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ratificó esta decisión el 23 de junio de 2025, declarando sin lugar los recursos de apelación y agotando la vía administrativa. Además, la Procuraduría General de la República (PGR), en su dictamen PGR-C-212-2024, ya había confirmado la responsabilidad subsidiaria e ilimitada del BCR como controlador del grupo financiero.
Ante estas resoluciones firmes, la acción del BCR de judicializar el caso, argumentando que no puede trasladar “fondos públicos a un patrimonio privado”, me lleva a una conclusión inquietante: no concibo cómo el sistema de justicia nacional pueda fallar a favor del BCR. Hacerlo no solo sería un desacato a las autoridades técnicas regulatorias, sino un precedente devastador para la protección de los inversionistas y ahorrantes en Costa Rica.
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Las investigaciones de Sugeval y la propia auditoría interna del BCR SAFI (AUD-SAFI-030-2023), han documentado sobreprecios significativos, la adquisición de un inmueble que no estaba 100% finalizado, y actuaciones contrarias al prospecto del Fondo, así la normativa legal y reglamentaria de los Fondos Inmobiliarios, que afectaron los intereses de los inversionistas, lo que llevó a la toma de acciones disciplinarias internas y denuncias penales.
Sugeval y Conassif: guardianes de la estabilidad
La Ley Reguladora del Mercado de Valores (Ley 7732) creó la Sugeval para velar por la transparencia del mercado, la correcta formación de precios, la protección de los inversionistas y la difusión de información. Conassif, por su parte, busca uniformar los criterios de regulación en los mercados financieros.
Estas instituciones son esenciales para generar confianza, pues actúan como una “red de seguridad” para los inversionistas y el mercado en general. Su función es prevenir fallas de mercado y proteger a los pequeños y dispersos inversionistas de los riesgos sistémicos. Las órdenes de Sugeval son medidas administrativas técnicas prudenciales para restablecer el equilibrio del fondo y proteger a los inversionistas, no sanciones.
El riesgo
Si el BCR logra frenar la resolución en los tribunales o, peor aún, si los tribunales fallan a su favor, las consecuencias serían nefastas para el mercado de valores de Costa Rica:
• Confianza: La credibilidad en el sistema financiero se erosionaría si las órdenes de los supervisores y el dictamen de la PGR pueden ser desestimados por una entidad estatal. Esto podría generar una pérdida generalizada de confianza.
• Impunidad: Se validaría la idea de que las entidades financieras pueden incumplir la normativa y evadir responsabilidades, dejando el mercado de valores sin supervisión técnica efectiva.
• Desprotección: El propósito fundamental de Sugeval y Conassif quedaría invalidado, dejando a los inversionistas totalmente desprotegidos ante abusos o negligencias futuras.
La Ley Reguladora del Mercado de Valores establece que las sociedades administradoras son solidariamente responsables por los daños causados a los inversionistas por actuaciones u omisiones prohibidas por la normativa. El BCR no solo pone en riesgo su propia estabilidad al judicializar el caso, sino que amenaza los cimientos de la protección al inversionista.
Es crucial que la justicia actúe con firmeza, garantizando que la ley se cumpla para salvaguardar el futuro de nuestras inversiones y la integridad del mercado. Confío en que así sea.
lgelizondo@gmail.com
Luis Guillermo Elizondo Ugalde es un inversionista afectado.
