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Este lunes, en un acto oficial celebrado en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se conformó la nueva Junta Directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se inauguró el Año Judicial Interamericano 2026. Asumieron la presidencia del Tribunal el juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch y la jueza chilena Patricia Pérez Goldberg.
En representación de Costa Rica, asistieron a la actividad el canciller, Arnoldo André, y los jerarcas de los supremos poderes, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre, presidentes de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. También participó Eugenia Zamora, jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones.
Durante el evento, el ministro Luiz Edson Fachin, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, impartió un discurso en el cual alertó sobre el debilitamiento del Estado de derecho y la violación de derechos humanos. Transcribimos sus palabras.
Señoras y señores magistrados, excelencias, autoridades civiles y diplomáticas, representantes de la sociedad civil y del mundo académico, amigas y amigos de la causa de los derechos humanos.
Es con gran honor, reverencia institucional y sincera alegría que presencio, esta mañana (de lunes 26 de enero), en la ciudad de San José, la toma de posesión del magistrado brasileño Rodrigo Mudrovitsch como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la magistrada chilena Patricia Pérez Goldberg como vicepresidenta de esta corte.
La comunidad jurídica brasileña recibe este momento con júbilo y con un sentimiento de legítimo orgullo nacional. Se trata de un jurista que, desde su llegada a este tribunal, ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento del Sistema Interamericano y a la protección de los derechos humanos en nuestra región. Saludo, pues, al presidente Mudrovitsch y a la vicepresidenta Pérez Goldberg, deseándoles una gestión inspirada, fructífera y a la altura de los retos de nuestro tiempo.
Permítanme también rendir homenaje a la magistrada costarricense Nancy Hernández López, que deja la presidencia tras un notable ciclo de liderazgo. Tuvimos el placer de recibirla en Brasil en diferentes ocasiones, incluso cuando asumí la presidencia del Supremo Tribunal Federal (STF). Su presencia constante en los espacios de diálogo promovidos por el STF y su incansable iniciativa de acercamiento entre los tribunales supremos y constitucionales de nuestra región simbolizaron una postura institucional abierta, cooperativa y dialógica. Sin duda, esta es una marca que será continuada por la nueva dirección.
Brasil estuvo presente en la toma de posesión de la presidenta Nancy Hernández. Ahora estamos, con gran alegría, en la toma de posesión del presidente Mudrovitsch, y pretendo estar en la próxima, siempre que sea invitado, por supuesto. Esto representa nuestro compromiso continuo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Somos testigos, con respeto y admiración, del papel que desempeña la Corte Interamericana en la consolidación de una cultura de derechos humanos en el continente. Cuenten con el Supremo Tribunal Federal para la valorización, la defensa y la consolidación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de esta Corte.
Señoras y señores: vivimos tiempos difíciles para el Estado de derecho democrático. Este mismo mes, en Brasil, recordamos los tres años de un episodio que puso a prueba la fortaleza de nuestras instituciones: la invasión, el 8 de enero de 2023, de las sedes del Supremo Tribunal Federal, del Congreso Nacional y del palacio del Planalto. El objetivo de ese ataque era socavar el orden constitucional y subvertir la democracia. La respuesta institucional de los poderes de la República fue firme, conjunta e innegociable. Se responsabilizó a los implicados, respetando el debido proceso legal y la amplia defensa.
El recuerdo de este episodio no se dirige al pasado, sino al futuro. La democracia requiere memoria. No por nostalgia, sino por lucidez. No para despertar resentimientos, sino para prevenir recaídas.
Sin embargo, el autoritarismo no siempre se presenta con la cara ruidosa de la ruptura abierta. Hay una modalidad insidiosa, silenciosa, gradual, que corroe las instituciones desde dentro: la erosión democrática. Son tiempos en los que la estructura de frenos y contrapesos se tensa hasta casi el agotamiento; tiempos en los que se hostiga la libertad de prensa; tiempos en los que se persigue a los magistrados y magistradas por su oficio; tiempos en los que se relativizan los derechos civiles, políticos y sociales; tiempos en los que el discurso del odio alcanza a las mujeres, los inmigrantes y las minorías étnicas y religiosas; tiempos en los que se devasta el medio ambiente; tiempos en los que la desigualdad se revierte en humillación.
En este escenario, comprender el íntimo entrelazamiento entre democracia y derechos humanos no es solo un ejercicio teórico, sino un acto de defensa civilizatoria. El Estado de derecho democrático y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda. El constitucionalismo democrático permitió la afirmación de los derechos humanos, mientras que estos permitieron la materialización concreta de un Estado de derecho que no se limita al imperio de la ley, sino que se combina con la justicia material y la dignidad humana.
Pero nuestra región ha soportado, y sigue soportando, profundas desigualdades estructurales. La esclavitud, la exclusión política de las mujeres, la invisibilización de los pueblos originarios y de las minorías de todo tipo, impidieron durante mucho tiempo la formación de democracias sustantivas. Había constituciones escritas y elecciones periódicas, pero no una ciudadanía plena. La promoción de los derechos humanos fue, y sigue siendo, el camino para que la democracia deje de ser una mera forma y se convierta en un proyecto ético y político.
Es en este contexto que el Sistema Interamericano se revela como un imperativo civilizatorio.
La Carta Democrática Interamericana de 2001 es clara: “Los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”. Y añade que el respeto a los derechos humanos es un elemento esencial de la democracia representativa. Democracia formal, con rotación y elecciones; y democracia sustantiva, con justicia social.
Pero las palabras no bastan. Es necesario concretar. Por eso, nos hemos esforzado por acercar la Corte Interamericana a las personas y, sobre todo, a los magistrados, en todos los niveles de jurisdicción. Los jueces locales son los guardianes inmediatos de los derechos humanos y, debido a la subsidiariedad de esta Corte, desempeñan un papel estratégico. Les corresponde la responsabilidad primordial de armonizar el derecho interno y el derecho internacional, garantizando la protección de los más vulnerables.
En este sentido, reitero que considero correcto afirmar que “todo magistrado brasileño es un magistrado interamericano”. Todavía estamos construyendo esta conciencia, pero se han dado pasos importantes. Entre ellos, destaco dos protocolos elaborados por el CNJ: el Protocolo de Seguimiento de las Decisiones del Sistema Interamericano, que sistematiza metodologías para el seguimiento del cumplimiento de las decisiones, y el Protocolo de Promoción de la Cultura Institucional de Derechos Humanos, orientado a la capacitación y la difusión jurisprudencial. Ambos fortalecen el diálogo entre el Poder Judicial brasileño y esta Corte.
Del mismo modo, destaco la creación del Laboratorio de Justicia Penal, Reparación y No Repetición, concebido como un espacio permanente para la formulación de políticas judiciales coherentes con los parámetros interamericanos, orientado a la prevención de violaciones y al cumplimiento de las garantías de no repetición.
Permítanme referirme también a la relevancia de las Opiniones Consultivas de esta Corte. En particular, la N.º 26/2020, que trata de la denuncia de la Convención Americana y de la Carta de la OEA. Su mérito fue demostrar que un Estado no se exime de sus obligaciones internacionales simplemente por el acto unilateral de retirada, sino que debe cumplir con las reparaciones y obligaciones pendientes. El dictamen valoró el papel de los tribunales constitucionales nacionales e incentivó la cooperación diplomática para un eventual retorno al Sistema.
La Opinión Consultiva N.º 28/2021, por su parte, examinó la reelección presidencial indefinida en los sistemas presidenciales y concluyó que era incompatible con la Convención Americana. La razón es cristalina: la limitación de la reelección protege la democracia contra la captura institucional y garantiza la alternancia del poder. Aquí, una vez más, la democracia y los derechos humanos se tocan y se justifican mutuamente.
Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre. La democracia liberal atraviesa una crisis y el derecho internacional se encuentra en proceso de erosión. Los sistemas reguladores que durante décadas han garantizado la previsibilidad están sufriendo hoy un rápido desgaste. En algunos casos, la fuerza de la ley está siendo sustituida por la ley de la fuerza. La democracia no ha cumplido todas sus promesas y es ese vacío el que alimenta los populismos autoritarios que pretenden minarla desde dentro.
Hasta que seamos capaces de demostrar que la democracia puede ofrecer dignidad y bienestar a los menos favorecidos, es necesario defenderla contra sus detractores. Y aquí surge la paradoja de la tolerancia, de la que nos habla Karl Popper: tolerar la intolerancia es permitir el entierro de la propia tolerancia. No seamos ingenuos. La democracia no es neutral ante quienes pretenden destruirla.
Sin embargo, hay esperanza. La historia, esa que nunca termina, es obra humana. Somos agentes del proceso social y político. Nada está predestinado; todo está en disputa. Y si la democracia no nos ofrece certezas, nos ofrece posibilidades. Y son las posibilidades las que mueven los espíritus libres.
Y hay una segunda buena noticia: no estamos solos. En este recinto, vemos reunidos a Estados, magistrados, académicos, diplomáticos, representantes de la sociedad civil, todos bajo el signo de la Convención Americana y con la mirada puesta en el horizonte de una dignidad humana más universal. Somos compañeros de viaje y nuestra nave común es la democracia constitucional, cuya expresión internacional encuentra en esta Corte una de sus brújulas más sensatas.
Excelencias, agradezco el honor de participar en este momento. Sigamos unidos por la causa de la democracia y los derechos humanos.
Y permítanme concluir con las palabras del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade: “El presente es tan grande / no nos alejemos. / No nos alejemos demasiado. / Vamos de la mano”.
Muchas gracias.
