Me ha correspondido presidir la comisión que estudia el levantamiento de la inmunidad contra el señor presidente de la República y el señor ministro de Cultura. Esta comisión tiene una relevancia particular. Es la primera vez que se discute el levantamiento del fuero de un presidente en ejercicio, lo que hará que nuestro trabajo sea objeto de estudio y análisis por parte de diferentes sectores de la sociedad.
Pasaron más de 75 años para aplicar por primera vez el artículo 151 de la Constitución Política a un presidente en funciones. Esto demanda la mayor seriedad y rigurosidad al hacer nuestro trabajo, especialmente en un contexto de polarización como el que vivimos.
Las consideraciones que han marcado mi trabajo en esta comisión son las siguientes.
Credibilidad
La comisión debe desarrollar una labor que esté por encima de cualquier cuestionamiento; la ciudadanía debe estar segura de que nuestro trabajo no fue para aprovechar y hacer un ajuste de cuentas personales con el presidente producto de lo que han sido nuestras relaciones en estos tres años, ni tampoco para que la brújula electoral guíe nuestro trabajo en beneficio de banderas partidarias.
En mi caso, este es un punto de gran importancia porque he tenido fuertes diferencias y enfrentamientos con el presidente; he sido objeto de ataques de su parte en diversas conferencias de prensa de forma directa a mi persona y familia, y le he cuestionado sus posiciones sobre los programas de salud, derechos humanos y libertad de expresión, entre otros. Por esta razón, es fundamental consolidar mi imagen de ser objetiva para darle credibilidad a la recomendación final de la comisión. La ciudadanía podrá compartir nuestra decisión final o no, pero no podrá cuestionar nuestra seriedad y objetividad.
Equilibrio y debido proceso
Es fundamental que nuestro trabajo sea equilibrado, que tanto la parte que hizo la acusación (fiscal de la República) como las personas acusadas (presidente y ministro) tengan un trato igualitario y con los mismos derechos. Con eso, además, garantizamos el derecho constitucional al debido proceso. Por ello, como lo ha podido valorar la ciudadanía con la transmisión de las sesiones, he sido amplia y tolerante con ambas partes para que presenten sus argumentos; no les he puesto limitaciones de tiempo ni obstáculos para que expongan y presenten su acusación y su defensa junto con las pruebas de respaldo. La misma metodología aplicó a todas las partes.
Y así cómo he sido abierta en permitir sus participaciones, también me he opuesto a pretensiones de ambas partes porque he considerado que son improcedentes. Por ejemplo, me opuse al pedido del señor fiscal para que la sesión fuera privada porque considero que la ciudadanía debe conocer lo que se debate. Por otra parte, me opuse a la solicitud de la defensa para requerir otras pruebas documentales porque consideré que esa documentación es propia para el análisis que hará el Poder Judicial y no esta comisión.
Informe bien fundamentado
Finalmente, nuestro trabajo debe culminar con un informe sólido, en el que cada aseveración tenga su respectiva fundamentación.
El editorialista de este prestigioso medio me criticó porque solo hice una pregunta en la audiencia. La pregunta la considero relevante y lo explico: un argumento que se ha estado repitiendo en corrillos legislativos es que para qué levantar el fuero si, dentro de pocos meses, el presidente ya no lo tendrá.
Si este argumento ha sido una fuerte consideración para algunos, mi pregunta era muy relevante, dado que existe alguna posibilidad de que se le ofrezca un ministerio en la próxima administración. Entonces, ya no hablamos de unos pocos meses sino de más de cuatro años. Por transparencia, la ciudadanía merece saber cuál sería el actuar del presidente ante ese escenario.
A lo anterior debo agregar que, en mi caso, máxime siendo presidenta de la comisión, el interrogatorio debe ser un instrumento para alcanzar mi propia convicción de lo relevante para tomar una decisión; como lo dice el mismo editorialista “para aclarar lo difuso”, si es que lo hay. En mi criterio, no es para “incomodar” al acusado, lo que sí es propio de las comisiones de investigación y esta no es una de ellas.
Como nota aparte, he sido vehemente en la necesidad de que el presidente acuda a la comisión investigadora de la CCSS. Ahí me corresponderá ser incisiva y crítica sobre la actuación del gobierno en materia de salud pública. Pero esta comisión no es una comisión investigadora. Tratarla como tal, le haría un flaco favor a este país.
Deseo dejar públicamente mi reconocimiento y respeto a mis compañeros, quienes han actuado con gran profesionalismo en estas sesiones.
Esta es una comisión histórica. Se me juzgará por la seriedad, rigurosidad y equilibrio con que manejé las sesiones y por la solidez y contenido de mi informe y no por el número de preguntas que hice en una audiencia.
Andrea Álvarez Marín es diputada de la República y presidenta de la comisión legislativa especial que analiza si procede abrirle una causa penal al mandatario.