EscucharSiempre defendí que el crédito de apoyo presupuestario del BID y la AFD podría haber significado financiamiento por $300 millones y 100 millones de euros, respectivamente, con muy buenas condiciones. Esto coincide con lo que han indicado personas que se han referido al tema. Sin embargo, lamentablemente, estas personas siguen malinterpretando mi decisión de rechazarlo, lo cual me permito aclarar.
A la pregunta sobre por qué se rechazó el crédito, la respuesta es sencilla. Por eso me sorprende que varios “analistas” no logren entenderla: un crédito de apoyo presupuestario es una herramienta financiera más para financiar el presupuesto de la República que aprueban los diputados, quienes no parecen entenderlo así y terminan politizándolo.
El proyecto se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa, asignando un 15 % de los recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y condicionando el desembolso del 85 % restante a que se giraran primero los recursos a la CCSS.
El traslado del 15 % a la CCSS implicaba un endeudamiento adicional para cubrir el gasto que se desfinanciaba con esta asignación, lo cual afectaba la relación deuda/PIB y aumentaba el pago de intereses al recurrir a dicho financiamiento en el mercado local, así como provocaba una desnaturalización del proceso de aprobación presupuestaria.
Además, los recursos que se transferirían iban a ocasionar un agravamiento en el balance primario y financiero, al constituir esta una transferencia corriente del Gobierno Central no presupuestada al iniciar el ejercicio, lo cual podía ocasionar una mayor percepción de riesgo en el mercado internacional, aspecto que iría en detrimento de los resultados hasta el momento.
Todo esto ponía en riesgo la estabilidad macroeconómica asociada al proceso de consolidación fiscal en el que todavía se encuentra Costa Rica, y que forma parte del programa de políticas del crédito negociado por el Poder Ejecutivo dentro de sus competencias constitucionales.
Veamos los datos: la asignación de recursos del 15 % a la CCSS implicaba que el Ministerio de Hacienda tendría que captar, adicionalmente, cerca de $60 millones que no están incorporados en el presupuesto del año en curso; por tanto, debía tomarse una decisión entre reducir algún destino del presupuesto de las instituciones y sus políticas asociadas o aumentar el endeudamiento.
Lo anterior, mediante una desnaturalización del presupuesto ya aprobado por la Asamblea Legislativa. Tener que aumentar el endeudamiento para cumplir con las obligaciones conllevaba un aumento promedio, al año, cercano a ¢3.000 millones en el pago de intereses. Ese monto por captar costaría el 6,5 % en colones o el 6,2 % en dólares, ambos a 10 años.
El Ministerio de Hacienda ha venido pagando a la CCSS: entre el 2020 y el 2023 se asignaron ¢234.995 millones, de los cuales, a junio de este año se giraron ¢181.265 millones, y el monto restante (el 62,2 %) entre los dos años anteriores.
El compromiso del gobierno es continuar haciéndolo, pero de manera responsable. Significa que dicho pago se realizará en un escenario en el cual la deuda se encuentre debidamente conciliada para poder suscribir un convenio, información que compartimos con los jefes de las fracciones legislativas en una reunión a mediados de febrero.
Se debe entender que existen compromisos ineludibles que no pueden esperar a que se formalice un convenio con la CCSS. Así, por ejemplo, el pago por el servicio de la deuda en junio, en colones, correspondió a ¢760.000 millones y en noviembre, en dólares, será cercano a $348 millones.
Si analizamos el 2025, solo en el primer semestre, el servicio de la deuda en colones asciende a ¢1.800.000 millones (un 62 % del total para el año) y en dólares, $1.500 millones (un 46 % del total). Esperar la formalización de un convenio de pago con la Caja para girarle los recursos y luego hacer uso del 85 % del crédito como pretendían los legisladores significaba un endeudamiento y pago de intereses adicionales para cumplir con esos compromisos.
Aunado a lo anterior, el país asumiría cobros por comisiones y un eventual vencimiento del plazo de desembolso de los recursos, que no estaba previsto. Aquí, es muy curiosa la contradicción de la Asamblea Legislativa, en el tanto, por un lado se hace eco de lo que el país ha pagado en comisiones de compromiso e intereses por el crédito del Fondo de Avales con el BCIE por $300 millones, cuya ley estableció condicionamientos muy puntuales que, al incumplirse, impidieron que el dinero pudiera utilizarse, pero, por otro, propone un proyecto de ley en el que los recursos no pueden usarse hasta cumplir con las medidas ya mencionadas.
Entonces, ¿seguirá la Asamblea Legislativa aprobando créditos que no podremos aprovechar, asumiendo los costos que eso implique para todos los costarricenses o, eventualmente, aprenderemos de los errores?
Al momento de rechazar el crédito, solo por el del BID, la tasa de interés ponderada era cercana al 5,9 %, asumiendo la asignación total del recurso para el presupuesto, pero como únicamente se estaría utilizando el 85 %, la tasa efectiva por los recursos sería cercada al 7 %, es decir, 100 puntos básicos de más sobre los hombros del país, producto de la asignación politizada de los recursos.
Considerando todo lo expuesto, ¿habrá quien siga creyendo que era conveniente para Costa Rica aceptar la condición que se quiso imponer desde el Legislativo?
El rechazo del crédito no se trató, por tanto, de un simple capricho o de una falta de comprensión de los beneficios financieros, sino de un análisis profundo de las implicaciones a largo plazo para la estabilidad macroeconómica.
La politización de estos recursos no solo distorsionó el propósito original del crédito, sino que, además, pone en riesgo las finanzas públicas y la confianza internacional en nuestra capacidad para manejar el endeudamiento. Costa Rica no puede darse el lujo de tomar decisiones apresuradas que, bajo la apariencia de resolver un problema inmediato, comprometen el bienestar económico futuro.
El autor es ministro de Hacienda.
