EscucharCosta Rica, a pesar de su territorio pequeño, afronta desafíos significativos en educación debido a las marcadas diferencias regionales. Los estudiantes que viven en Talamanca, el Valle Central o Guanacaste no necesariamente comparten las mismas necesidades y realidades educativas. Reflexionar sobre las diferencias entre descentralizar la gestión educativa y adaptar las políticas a cada contexto territorial nos lleva a cuestionar si una estrategia educativa única es efectiva para abordar las disparidades regionales.
Detrás de esta reflexión, subyace un problema más profundo: el desequilibrio histórico en la inversión pública entre áreas urbanas y rurales. Es paradójico que una parte significativa de nuestra economía dependa del turismo costero, que se encuentra en áreas rurales tradicionalmente marginadas. El “vallecentrismo” es una realidad innegable que refleja cómo un sistema centralizado no siempre es óptimo, ya que puede ignorar las necesidades de regiones más alejadas.
Durante la pandemia, se evidenció la falta de adaptabilidad de las medidas únicas, como el cierre uniforme de centros escolares sin considerar las diferencias regionales. Esto llevó a cerrar escuelas en zonas con pocos contagios, mientras que los lugares con altos índices de casos no recibían atención específica. Además, las comunidades rurales, especialmente aquellas sin acceso a Internet, tuvieron mayores dificultades para implementar el modelo de la educación a distancia, lo que amplió las desigualdades educativas existentes.
Desde hace más de tres décadas, la intención de descentralizar la gestión es un tema reiterativo. Se implementaron las 27 Direcciones Regionales como una extensión de oficinas centrales, lo cual fue un proceso de arriba hacia abajo en el organigrama, como me comentó un colega de amplia trayectoria.
En cambio, la territorialización es más bien un proceso que va de abajo hacia arriba, al distribuir las responsabilidades educativas a nivel regional, municipal o comunitario, para buscar fortalecer la participación y la responsabilidad de las autoridades locales en la gestión.
Recientemente, la administración Trump ha propuesto descentralizar el Departamento de Educación, transfiriendo funciones clave a estados y comunidades locales. Aunque ha sido criticada, merece atención, ya que se mueve en la dirección de la territorialización.
La Unesco promueve la adaptación de la educación a contextos territoriales, integrando conocimientos y valores que reflejen las realidades culturales, económicas y ambientales locales. Además, el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM Report 2020) destaca la persistencia de desigualdades entre áreas urbanas y rurales, y recomienda la descentralización de recursos y decisiones para empoderar a las autoridades locales y asegurar políticas educativas sensibles a las diversidades territoriales.
La propuesta de territorialización es atractiva para diversas ideologías políticas, ya que promueve la inclusión y la diversidad cultural, al mismo tiempo que defiende la autonomía y reduce la burocracia central. Es una propuesta tanto para quienes buscan fortalecer la identidad local y preservar las tradiciones culturales, como para aquellos que desean disminuir la intervención estatal y promover la toma de decisiones a nivel local. Al integrar estas perspectivas, la territorialización puede ser un enfoque equilibrado que responda a las necesidades específicas de cada comunidad.
Lo anterior sugiere que la descentralización requiere un enfoque más integral y sostenido para ser efectiva. No solo implica transferir responsabilidades administrativas, sino también garantizar que las comunidades locales tengan los recursos necesarios y la capacidad para tomar decisiones informadas que beneficien a sus estudiantes. Solo mediante un compromiso continuo y una planificación cuidadosa se puede lograr una verdadera transformación en el sistema educativo.
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Marlene Steuber es consultora educativa.
