Por: Ricardo José Chacón Vega.  Hace 3 días

Las democracias de Occidente viven tiempos turbulentos. Lo vemos de lejos en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, en el Reino Unido con el brexit y la degeneración de Venezuela, pero también de cerca con las recientes y atípicas rondas electorales en Costa Rica. Usualmente, la demagogia, en asociación con las redes sociales, han logrado esparcir mensajes que exacerban el nacionalismo y el fanatismo religioso que, últimamente, dividen a la población, justifican la violencia y permiten impulsar agendas de odio. Vemos síntomas similares en Costa Rica y es válido preguntarnos cómo hacemos para blindar nuestra democracia contra estas amenazas.

Nuestra política ha sido liderada por favoritismos y ha sido privada de incentivos que atraigan a los ciudadanos más competentes para participar en los puestos más importantes de la nación

Usualmente, lo primero que consideraríamos necesario para mejorar nuestra democracia es la educación, aunque la historia demuestra que no es suficiente. El proceso de toma de decisiones de los ciudadanos, sin importar qué tan educados sean, será susceptible a ser influenciado por argumentos que invoquen al nacionalismo y al miedo (hacia las minorías, inmigrantes, inversión extranjera, etc.). Estos ejemplos se ven desde la Alemania nazi, en la cual un pueblo relativamente educado, pero desesperado, eligió democráticamente a Adolfo Hitler; o más recientemente en el Reino Unido, donde a pesar de tener uno de los mejores sistemas de educación del mundo, el pueblo votó mayoritariamente a favor del brexit como resultado de sentimientos nacionalistas de una parte importante de su población.

Sin importar su contexto histórico, las democracias occidentales, Costa Rica incluida, han sido una espada de doble filo al permitir que cualquiera llegue al poder. La falta existente de requisitos razonables para optar por puestos políticos le ha dado paso libre a la demagogia y a los intereses de grupos privilegiados. Por otra parte, el voto visto como un derecho universal ha permitido que esa misma demagogia llegue a las masas más desesperadas e ignorantes, carentes de visión a largo plazo y guiadas por sentimientos nacionalistas y fanatismo religioso. Esta combinación de libertad excesiva es una bomba de tiempo que, cuando se materializa, tiene secuelas que perduran por generaciones.

Sin cuestionamientos. A pesar de estos defectos tan obvios, parece que no nos permitimos cuestionar la democracia, como dijo Winston Churchill: “La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás”.

Este adoctrinamiento e idealización nos ha impedido conversar sobre sus defectos y, por ende, mejorarla. En el siglo IV a. C., Sócrates apuntó a la principal falla de la democracia usando una analogía sencilla: si los países fueran un barco, ¿a quiénes escogeríamos para dirigirlo? Probablemente, esperaríamos que fuera un equipo de profesionales educados y experimentados en las reglas y demandas de la navegación. Pero, contradictoriamente, seguimos permitiendo ser dirigidos por cualquiera.

Entonces, el blindaje de la democracia no vendrá de votantes educados, quienes podrían considerarse una primera línea de defensa, pero sí de un sistema institucional fortalecido.

En Costa Rica, vivimos una coyuntura en 1949, la cual garantizó la posterior creación de instituciones que nos sostuvieron al atravesar periodos turbulentos de guerras civiles en la región, propiciaron el crecimiento económico y social y nos permitieron vivir procesos democráticos transparentes.

Esa coyuntura también llevó a la creación de una institución insignia: el Régimen de Servicio Civil, en 1953. Este, en esencia, reconoce el mérito y la igualdad de acceso de los ciudadanos a la función pública, garantiza el nombramiento de funcionarios con base en su mérito, capacidad y condiciones éticas, mediante evaluaciones y criterios científicos e imparciales, y evita así el favoritismo y tráfico de influencias.

Contribución. El Servicio Civil ha contribuido al desarrollo de un sistema administrativo público competente, pero su filosofía no se extendió con la misma rigurosidad a la función de política pública. Como resultado, nuestra política ha sido liderada por favoritismos y ha sido privada de incentivos que atraigan a los ciudadanos más competentes para participar en los puestos más importantes de la nación. Esta condición ha dejado a países como Venezuela o Argentina en una verdadera kakistocracia, o gobierno de los peores.

Entonces, para blindar nuestra democracia y marcar la diferencia con los países de la región, es necesario un sistema político meritocrático que permita una preselección transparente de los mejores candidatos. Pero, aún más importante, que incentive la participación de los ciudadanos más preparados y honestos en puestos políticos.

El autor es ingeniero civil.