De los sublime a lo ridículo en materia de salarios

salarial. Lo ridículo es ignorar que, para que sea posible la retribución, debe existir una contraprestación real, que procure los recursos para el estipendio solicitado.

Jamás entenderemos la contratación de un nuevo colaborador sin la certeza de que su arribo contribuirá a mayores ingresos. En el sector público, sería tener la seguridad de que tal contratación traerá eficacia y, por tanto, eficiencia laboral.

Igualmente, no es entendible un aumento de salario si no se cuenta con recursos para pagarlo. En el sector privado si no hay mayores ingresos, mayores utilidades, mayor condición patrimonial del empleador, no es posible mayor salario. Es básico y hasta torpe pensar lo contrario.

En el entendido más extremo, es lo mismo decir que el contratado no ha hecho lo suficiente para ganarse el derecho a la mejora salarial, aun con todas las herramientas a disposición.

En el sector público, si los recursos del Estado son insuficientes, hemos sido incapaces de mejorar la producción para que una mayoría se sienta abastecida. No hay posibilidad de aumentar salarios. Los ingresos provienen de los impuestos, pero, además, el sistema remunerativo está atrofiado y es injusto.

Aferrarse a creer que los seres humanos no estamos afectos a los rendimientos decrecientes es un absoluto contrasentido. Los años de servicio no garantizan mayor productividad y tratándose del sector público es falso.

Una encuesta hecha por Coopenae confirma que el empleo en el sector público tiene elasticidad precio negativa. Ser más viejo en un centro de trabajo no lo hace más eficiente, menos en el sector público, donde lo proclive es hacia el menor esfuerzo de rendimiento.

Por tanto, ser empleado público debería tener un precio salarial descontado. Debe entenderse, un privilegio que compensar a favor de la sociedad.

Pero hay esperanza. Bien por Otto Guevara por desvelar los inflados salarios sin mérito alguno; bien por la Sala IV por pedir al Servicio Civil (Sentencia 2012-7163 del 31/5/2012 –en actual desacato–), que utilice criterios ligados a la productividad en el empleo público; bien por la ciudadanía, por sumarse al repudio de los salarios de privilegio en Recope y los fondos de pensiones que derrochan recursos del pueblo.

Bien por los diputados a quienes el privilegio favorece con un 20% anual sin mérito, solo por ser pensionados y exempleados del pueblo.

Gerardo Leal Orias es administrador