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Los retos que enfrenta Costa Rica, desde el narcotráfico hasta la sostenibilidad de la seguridad social y la situación fiscal del Estado, son de alta complejidad. Una política pública digna de ese nombre debe estar al nivel del problema que busca atender, no por debajo de él.
La complejidad no es opcional
En las intervenciones sociales se utilizan los árboles de problemas precisamente para ilustrar que lo que nos es aparente —un niño que no asiste a la escuela— tiene detrás una serie de factores causantes: un sistema educativo excluyente, dificultades de aprendizaje, poco apoyo familiar. Y por delante, efectos que se acumulan: menos oportunidades de empleo, limitaciones para la autorrealización, falta de socialización sana. Cada factor es, a su vez, un problema con aún más causas por detrás.
Ignorar esa complejidad tiene consecuencias. La versión original del programa antidrogas DARE, creado en 1983 en Estados Unidos, buscaba enseñar a jóvenes las consecuencias del consumo de sustancias y cómo decirles “no”. Sonaba razonable. Una serie de estudios científicos entre 1992 y el 2009 demostró que DARE no solo fue ineficaz para prevenir el consumo de drogas y alcohol en menores, sino que sus participantes resultaron más propensos a consumir sustancias que quienes no participaron.
A gran escala, el efecto fue nulo. En lo individual, contraproducente. El problema: sobresimplificar una crisis de salud pública, apostar por la hipérbole, y creer que enseñarles a decir “no” era suficiente.
Asustar no es una política pública
La presidenta Laura Fernández propuso el 1.° de julio llevar a estudiantes de barrios conflictivos a conocer el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) para que “pongan las barbas en remojo” y se abstengan de delinquir. La táctica tiene nombre en la literatura científica: scared straight o asustar para corregir. Sus efectos se han medido: revisiones sistemáticas de la Campbell Collaboration, basadas en múltiples ensayos aleatorios controlados, demuestran que este tipo de intervenciones incrementan la criminalidad en sus participantes entre un 1% y un 28%, comparado con jóvenes que no recibieron ninguna intervención.
No es que la propuesta sea de mala fe. Es que parte de una lectura superficial del problema. La delincuencia juvenil no se origina en la falta de miedo a la cárcel, sino en una constelación de factores —desintegración familiar, exclusión educativa, pobreza, ausencia del Estado en territorios capturados por el crimen organizado— que ninguna visita guiada resuelve.
El catálogo del simplismo
Este no es un problema aislado. Las soluciones simples para problemas complejos que hemos normalizado en los últimos años forman ya un catálogo: una cárcel al estilo Bukele como respuesta al narcotráfico, el polígrafo como filtro de integridad para mandos policiales, vender activos del Estado para financiar educación y salud, mejorar la competitividad laboral alargando la jornada a 12 horas o impulsar el inglés mediante licencias de estudio independiente.
El problema con estas propuestas no es solo que terminan siendo ineficaces: es que sus consecuencias no deseadas se convierten en nuevos problemas que exigen nueva inversión y que agravan la situación de partida.
Una solución sencilla a un problema complejo es como tratar de detener una hemorragia interna con una curita. El discurso se mantiene atractivo, emocionante, fácil de consumir en redes y de compartir por WhatsApp, pero los problemas se siguen agravando. Cuestionémonos por qué seguimos comprando ese boleto.
Porque es más fácil anunciar que construir, más cómodo viralizar que reformar, más rentable electoralmente asustar que invertir. La aprobación en encuestas no es un indicador de política pública. Es un indicador de comunicación política. Y en eso, sí hemos sido campeones. Pero gobernar no es postear ni salir en televisión.
Porque en el 2024, el entonces presidente nos hablaba de una economía jaguar, de un país que rugía. Hoy, siendo ministro de Hacienda solicita recortar ¢8.647 millones al OIJ, la institución que investiga los crímenes que tanto nos preocupan, y ¢40.000 millones al CEN-CINAI, el programa que cuida y alimenta a los niños más vulnerables del país: exactamente aquellos que, si el Estado los abandona hoy, terminarán visitando el CACCO dentro de diez años, pero del otro lado de los barrotes.
jassonmc@gmail.com
Jasson Muir Clarke es comunicador.
