EscucharEl Colegio de Abogados exige a los graduados en derecho la aprobación de un examen de excelencia para incorporarlos. De acuerdo con informaciones de La Nación (11/1/2019), en el 2016 dicho examen solo fue aprobado por un 14 % de los estudiantes; en el 2017, por el 25 %; y en el 2018, por el 10 %.
En la más reciente prueba, efectuada en noviembre pasado, los estudiantes de la Escuela Libre de Derecho obtuvieron el mayor éxito, con un 47 %; le sigue la Universidad de Costa Rica, con un 45 %. Los de peor desempeño provienen de cinco universidades, en cuyo caso, ningún estudiante aprobó el referido examen.
Los datos son alarmantes, quizás más bien vergonzosos. ¿Cuánto dinero, por ejemplo, invierte el Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica para que tenga un rendimiento tan pobre? ¿Cómo se sentirán los estudiantes que hoy gastan dinero, tiempo y esfuerzo al conocer que las universidades no los están capacitando bien? ¿Estafados acaso? ¿Cómo comprender esos niveles de mediocridad? ¿Cómo explicar ese fracaso a la juventud dados los grandes presupuestos asignados a la educación?
Intentando encontrar respuestas, la carrera de Derecho ha gozado de gran imagen y prestigio, lo cual ha propiciado una creciente demanda. Lo anterior ha ayudado a las universidades que enseñan leyes a funcionar durante años, sin necesidad de interrogarse sobre las nuevas metodologías, la calidad de la enseñanza, el perfil humano y profesional de los graduados y, mucho menos, sobre cuál ha de ser la concepción de derecho, acorde con las necesidades de la sociedad actual. ¿Cuántos de quienes enseñan derecho conocen el plan de estudios o la misión y visión de la carrera? ¿Cuántos han recibido aunque sea un aprestamiento básico para tan difícil tarea?
Replanteamiento. En la búsqueda de soluciones, resulta necesario que las escuelas de Derecho revisen y replanteen sus planes de estudio, los cursos y las metodologías de enseñanza, de acuerdo con las necesidades imperantes en el contexto nacional e internacional.
Lamentablemente, el derecho que se enseña es un derecho muerto, sin compromiso, sin valores, sin principios. Es el derecho que petrifican los códigos… letra muerta, como si el mundo regulado por esos códigos fuese estático y no dinámico.
Tal es la razón por la cual a las escuelas de Derecho no se les ve opinando o asumiendo una actitud crítica respecto a los grandes asuntos debatidos diariamente en el país. Por ejemplo, el papel del Estado, las reformas constitucionales, los nombramientos de magistrados o del defensor o del contralor, o la reforma fiscal y muchos más.
Modernización. Se requiere incorporar nuevas metodologías que desplacen el centro de gravedad de la enseñanza, hoy fijado alrededor del profesor y lo que enseña, hacia el estudiante, como protagonista activo de su propio aprendizaje.
La puesta en práctica de tal modernización pone en evidencia la urgente necesidad, soslayada por largos años, de capacitar al personal docente en metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, que permitan, al menos, combinar las tradicionales clases magistrales con lecciones participativas (método socrático, trabajo en grupos, análisis de casos, simulación de juicios, etc.) con otras herramientas alternativas fuera del aula (visitas a tribunales, simulación de juicios, redacción de demandas y sentencias, etc.).
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Como profesor de Derecho estoy consciente de que para revolucionar la enseñanza del derecho, antes que nada, se requiere gran humildad para reconocer que estamos fallando, lo cual implica un cambio de actitud. En segundo lugar, audacia y esfuerzo para emprender las reformas necesarias.
Por último, una gran capacidad de negociación interna, un gran pacto, pues la magnitud de los cambios requeridos solo son posibles con la convicción, la experiencia y el trabajo colegiado de los diferentes actores del drama universitario: profesores, estudiantes y personal administrativo.
El autor es abogado.
