EscucharCuando un país trasciende y sus titulares se vuelven internacionales, tiende a ser por temas negativos: escándalos, desastres naturales u otras polémicas. Costa Rica, a grandes rasgos, ha sido una excepción a este patrón. En épocas en las que sus vecinos aparecen en los noticieros, Costa Rica emerge como ejemplo de un país ajeno a las crisis que aquejan a las naciones más cercanas. Por eso, resultó sorprendente, la semana anterior, leer titulares sobre la detención y pedido de extradición a Estados Unidos de un exministro de Seguridad por cargos de narcotráfico.
La pregunta surge, de manera natural. ¿Es Costa Rica realmente distinta? O ¿ha logrado el crimen organizado penetrar finalmente su imagen? Lo cierto es que la realidad es más compleja y, sobre todo, más alentadora. Esta detención, y los titulares que han aparecido en estos días, son un indicio claro de que ni siquiera las instituciones costarricenses son inmunes a la captura o a la corrupción. También dejan en evidencia que el sistema político actual no es perfecto, en un momento en el que el país se prepara para las elecciones de febrero del 2026.
Pero lo que resulta innegable es que el país mantiene la capacidad de investigar hechos graves, aunque involucren a figuras de alto perfil de administraciones anteriores. En un vecindario donde la impunidad a menudo alcanza tanto a los gobiernos pasados como a los presentes, esta disposición a actuar sigue siendo un indicador importante de que el Estado de derecho en Costa Rica tiene raíces más profundas que en otros países cercanos.
Cabe recordar que esta no es la primera señal de alarma sobre los retos crecientes que enfrenta el país en materia de seguridad y crimen organizado. Hace unos meses, el diario francés Le Monde describió a Costa Rica como “la Suiza de América Latina sumida en la tormenta del narcotráfico”.
Costa Rica no es un caso aislado. Según el Informe mundial sobre drogas 2025, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que salió en junio de este año, América Latina y el Caribe se han convertido en el corredor central del tráfico global de cocaína. Entre el 2019 y el 2024, la región ha visto un aumento aproximado de casi un 20% en la producción de la droga. Los flujos, a su vez, se han desplazado y diversificado. Por ejemplo, antes los envíos partían principalmente de puertos colombianos; ahora utilizan rutas centroamericanas, incluidos puertos costarricenses como puntos de tránsito. En el caso nacional, tan solo en el 2023, las incautaciones de cocaína superaron las 71 toneladas métricas, una cifra que evidencia la magnitud de la presión criminal.
Era solo cuestión de tiempo antes de que el problema infectara el país a gran escala. Y el problema no es solo la producción y distribución de cocaína: a este fenómeno se suma el auge del tráfico de drogas sintéticas, particularmente metanfetaminas y precursores químicos vinculados al fentanilo, un tema que la actual administración de Donald Trump está abordando con legislación y acciones sin precedentes. El mismo informe de la ONU advierte de que la cantidad de laboratorios clandestinos está aumentando en Centroamérica, mientras que los carteles diversifican sus negocios ilícitos, combinando drogas, minería ilegal, tráfico de personas y contrabando. Los desafíos son cada vez mayores, alcanzan el ámbito regional y están interrelacionados; por esa razón, la respuesta costarricense y el apoyo de sus aliados en esta lucha es tan importante.
Visita de alta funcionaria
Mientras se daba a conocer la noticia del exministro en los noticieros nacionales e internacionales, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitaba San José para anunciar una expansión de la cooperación bilateral en temas de seguridad. Costa Rica y Estados Unidos acordaron desplegar nuevas tecnologías de escaneo de carga, reforzar la vigilancia marítima y establecer sistemas biométricos que permitirán rastrear de manera más eficaz a las organizaciones criminales. Estas medidas representan inversiones concretas que fortalecerán la capacidad del Estado costarricense para defender su territorio.
La colaboración también va más allá del ámbito de seguridad, y no solo se enfoca en áreas problemáticas. Los costarricenses nos beneficiamos de los incentivos positivos. Por ejemplo, Costa Rica se incorporó la semana pasada al programa Global Entry de EE. UU., un programa que facilita y hace más expedita la entrada de viajeros del programa al territorio estadounidense. Es un paso que refleja el alto nivel de confianza que Washington sigue depositando en el país. Costa Rica ya se preciaba de ser el primer país del mundo (después de EE. UU.) con CLEAR, un programa de la administración de Seguridad de Transporte (TSA, en inglés) que facilita los controles de seguridad para viajeros.
De hecho, solo Costa Rica –junto con Panamá y Guatemala– ha recibido dos altas representaciones del nuevo gobierno de Trump desde que tomó posesión en enero. Este nivel de atención resulta inédito si se considera que la agenda de Washington está absorbida casi por completo por los viejos y nuevos conflictos en Medio Oriente y las continuas tensiones con Pekín. La decisión de priorizar a un país pequeño de Centroamérica demuestra con claridad su importancia estratégica en materia de seguridad, comercio y migración.
Para los inversionistas y la comunidad internacional, los titulares sobre hechos recientes no deberían interpretarse como un signo de inestabilidad. Todo lo contrario: son la confirmación de que Costa Rica sigue comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, condiciones esenciales para hacer negocios (aunque hay mucho trabajo por hacer) y construir confianza.
Con miras a las elecciones del 2026, el desafío será sostener este compromiso con la limpieza institucional y demostrar que el Estado de derecho no es retórica, sino pan de cada día. Si el país lo logra, seguirá marcando el estándar regional de cómo la democracia puede resistir la presión de intereses ilícitos.
MBozmoski@atlanticcouncil.org
María Fernanda Bozmoski es directora de Impacto y Operaciones, y líder para Centroamérica, del Centro para América Latina Adrienne Arsht, Atlantic Council.
