Si usted está leyendo esto mientras está atrapado en una presa, no está solo. De hecho, esta reflexión se me ocurrió precisamente ahí: viendo pasar los minutos y pensando en todo lo que perdemos como país cuando la infraestructura deja de ser una prioridad.
Todos los días, miles de costarricenses pasan horas detenidos en el tránsito, esquivando huecos o esperando la carretera, el puente o el intercambio vial que nos prometieron y que lleva años “casi listo”.
Nos hemos acostumbrado a algo que nunca debimos normalizar: las obras eternas. Este gobierno ha sido experto en anunciarlas con bombos y platillos, colocar la primera, la segunda y hasta la tercera piedra, pero después llegan el silencio, las excusas y una interminable lista de retrasos.
Los intercambios viales de Taras y la Lima son un ejemplo claro. Acumulan más de 900 días de atraso y, según estimaciones oficiales, ese retraso ha significado para el país la pérdida de más de $55 millones en beneficios que nunca llegaron: menos tiempo de viaje, ahorro en combustible, mayor seguridad vial, nuevas inversiones y más actividad económica.
Pero detrás de cada obra atrasada hay mucho más que cifras. Está la madre que llega tarde al trabajo tras dejar a su hijo en la escuela. Está el productor que paga más por transportar sus productos. Está la ambulancia que tarda más en llegar. Está la empresa que decide instalarse en otro lugar porque la infraestructura no acompaña el desarrollo. Cada atraso tiene un costo humano.
Fragmentación y cortoplacismo
Sería un error pensar que este problema comenzó con un solo gobierno, aunque ciertamente se ha agravado en la última Administración.
Costa Rica lleva décadas administrando la infraestructura con una lógica de corto plazo. Cada cuatro años cambian las prioridades, se abandonan proyectos y volvemos prácticamente a empezar. No existe una política de Estado que dé continuidad a las grandes inversiones que el país necesita.
El resultado es una visión de túnel: discutimos una carretera, un puente o un intercambio vial por separado, cuando la infraestructura funciona como un sistema. El transporte público, la red vial, los puertos y el desarrollo urbano están conectados y deben planificarse de forma integrada.
Ese mismo enfoque fragmentado también limita el trabajo legislativo. En lugar de construir un marco regulatorio coherente para planificar, financiar y supervisar la infraestructura con visión de largo plazo, terminamos discutiendo reformas y proyectos aislados.
Los países que han logrado cerrar sus brechas de infraestructura no solo han invertido más recursos; también han fortalecido las instituciones encargadas de planificar, dar continuidad y supervisar las políticas públicas. La Asamblea Legislativa también debe ser parte de ese esfuerzo.
Con esa convicción presenté el expediente 25.640 para crear la Comisión Permanente Especial de Infraestructura y Transporte Público.
Su propósito va más allá de fiscalizar obras. Busca dotar a la Asamblea Legislativa de un órgano especializado para impulsar una legislación moderna y dar continuidad a una política nacional de infraestructura.
La comisión podrá dar seguimiento a los grandes proyectos, solicitar cuentas a las instituciones responsables e impulsar las reformas legales que el país necesita. Pero, sobre todo, permitirá que la infraestructura deje de discutirse proyecto por proyecto y empiece a abordarse como una política de Estado.
La infraestructura y el transporte público forman parte de un mismo sistema. Carreteras, trenes, autobuses, puertos, ciclovías y desarrollo urbano deben planificarse de forma integrada para reducir los tiempos de viaje, mejorar la competitividad y elevar la calidad de vida.
La creación de esta comisión requiere una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa y el respaldo de 38 diputaciones. Por eso hago un llamado a todas las fracciones para que apoyen esta iniciativa.
No es una propuesta para un partido ni para un gobierno. Es una herramienta para fortalecer la capacidad del Congreso para construir una política de infraestructura con una visión a largo plazo.
Costa Rica no merece seguir siendo el país de las obras eternas. Merece infraestructura que se planifique mejor, se ejecute a tiempo y responda a una estrategia nacional de desarrollo.
Porque una buena infraestructura no depende solo de construir más obras; depende de contar con instituciones capaces de planificarlas, darles continuidad y exigir resultados. Ese es el propósito de la Comisión Permanente Especial de Infraestructura y Transporte Público.
Claudia Dobles Camargo es diputada de la República.