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En Costa Rica, crecimos con una certeza silenciosa pero profunda: si algo grave pasa, la Cruz Roja llega. Un accidente en carretera, un infarto a las tres de la mañana, un niño con fiebre que empeora de repente… Llamamos, y alguien responde. Todos, absolutamente todos, hemos dependido de ese servicio alguna vez.
Hoy esa certeza está en riesgo, producto de decisiones políticas y administrativas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda, que han recortado, retenido y debilitado los recursos que por ley le corresponden. La institución humanitaria más importante del país enfrenta la peor crisis financiera de sus 140 años de historia.
Para 2025, el gobierno presupuestó ¢500 millones menos que en 2024; para 2026, la reducción suma ¢1.500 millones adicionales. Y como si fuera poco, la Cruz Roja ya arrastra un déficit cercano a los ¢1.700 millones, lo que amenaza directamente la capacidad de atender miles de emergencias el próximo año 2026.
Ministra Munive: usted bien sabe lo que significa que falte una ambulancia. Nadie debería explicárselo. Porque, además de jerarca, usted es médica. Sabe, como lo sabemos quienes venimos de hospitales y centros de emergencias, que entre la vida y la muerte, hay minutos, un tanque de oxígeno, un paramédico y un traslado oportuno.
Por eso, la pregunta es directa e inevitable: ¿cómo justifica que desde el Ministerio de Salud se respalden recortes o se tolere que no se transfieran los recursos indispensables para mantener en pie la principal institución de emergencias del país?
La realidad es sencilla y dolorosa: si no se transfiere el contenido presupuestario, las ambulancias no salen. Así de simple. Así de crudo. Quienes hemos vivido noches de diciembre en hospitales sabemos lo que esto significa: alcohol, accidentes, múltiples emergencias encadenadas… y vidas que dependen de que alguien llegue a tiempo.
No se trata solo de la Cruz Roja. Es un patrón preocupante en las instituciones de salud pública. El IAFA vio aprobado su anteproyecto 2023 por debajo del punto de equilibrio operativo y en 2024 se planteó un recorte superior a ¢2.000 millones, justo cuando las intoxicaciones por marihuana alcanzaron niveles históricos y superaron por primera vez las asociadas al licor.
Al Laboratorio de Genética Humana de la CCSS, clave para pruebas de paternidad que afectan procesos judiciales, y a niñas, niños y familias, le presupuestaron para 2026 apenas ¢194 millones, cerca de una quinta parte del mínimo necesario, a pesar de que la demanda de estudios aumentó un 60% solo en el primer trimestre de 2025.
Esto no es casualidad, ni mala suerte, ni un simple error administrativo: es una forma de gobernar que considera prescindibles las instituciones que atienden a quienes no pueden pagarse una clínica privada, un vuelo médico o un seguro internacional, o a quienes no tienen un familiar que pague su cirugía en Estados Unidos.
Ministra Munive, cuando aceptó la cartera de Salud, asumió algo más que un despacho; asumió la responsabilidad ética y legal de proteger la red institucional que sostiene a Costa Rica en sus momentos más frágiles. Esa responsabilidad no se cumple con declaraciones de prensa, sino defendiendo presupuestos, ejecutando a tiempo, enfrentando a los recortadores de siempre y diciendo “no” cuando las decisiones ponen vidas en riesgo.
Si la permanencia en el cargo exige tolerar el desmantelamiento de los servicios de emergencia, la renuncia también es un acto de responsabilidad ética. No se le piden milagros, se le exige coherencia con su juramento médico.
La indiferencia hacia la Cruz Roja, el IAFA y el Laboratorio de Genética no se mide solo en millones: se mide en vidas, en rostros, en nombres y apellidos. Una sola muerte evitable pesa más que cualquier discurso político.
Aún hay tiempo para corregir: ordenar la transferencia inmediata de los recursos adeudados a la Cruz Roja, revisar con seriedad los recortes aprobados, replantear las prioridades para 2026 y reconocer públicamente que la ruta actual es un error.
Con la vida no se juega, ministra. Y si, desde el poder político, deciden jugar con la vida, entonces debe quedar claro que fue usted quien eligió poner criterios fiscalistas sobre su deber de luchar por salvar vidas.
Lenín Hernández Navas es secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines.
