EscucharEl 24 de abril La Nación publicó una nota periodística sobre la renuencia del ministro de Hacienda, Elian Villegas, a que se rebajen ¢100 al impuesto sobre los combustibles, pues alega implicaciones negativas para el funcionamiento de varias instituciones.
A simple vista, es de suponer que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y los proyectos de infraestructura vial que desarrolla recibirían el impacto mayor, así como las municipalidades y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica.
Pero la Ley 8114 en el artículo 5 distribuye lo recaudado de la siguiente forma: un 29% para el Conavi, un 3,5% para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), un 0,1% para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y un 1% para la Universidad de Costa Rica (UCR).
¿Y el restante 66,4%? La ley no es clara. Carece de la claridad que debería tener una norma del ordenamiento jurídico, y con mucha más razón si se trata de normas de la importancia económica como lo es el impuesto sobre los combustibles, dice la Procuraduría General de la República en un dictamen del 2002, retrotrayéndose a la Resolución 2642-2001 de la Sala Constitucional.
Supongamos por un momento que el 66,4% ingresa a las arcas del Estado, al presupuesto nacional para el financiamiento de las instituciones públicas y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, máxime si se acatan los artículos 176 y 177 de la Constitución Política.
Sin embargo, como es costumbre en materia hacendaria, las aseveraciones del ministro de Hacienda no son convincentes, por lo que cabe preguntarse en qué se emplean específicamente los fondos provenientes del impuesto único a los combustibles y de qué manera puntual se sostiene el Estado social de derecho por conducto de este tributo.
La sobrecarga de impuestos sin explicar al contribuyente detalladamente en qué se emplearán estos es perversa. Lo indicó la Sala Constitucional: la Ley 8114 no es clara.
Lo sería si las vías nacionales, es decir, la red vial nacional y la cantonal, estuvieran en mejores condiciones; y si a esto agregamos los entuertos administrativos en que aparentemente incurrieron funcionarios del Conavi a costa de proyectos de infraestructura vitales para el país, la abigarrada materia presupuestaria se presta para que algunos se las ingenien, aparentemente, para pasar dinero de una bolsa a la otra. El resultado arroja, entonces, serias dudas sobre la calidad del gasto público.
El gasto público está regido por los principios de eficiencia, eficacia, economía, publicidad y transparencia, y, sobre todo, debe ajustarse, según el artículo 4 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (número 8131), al Plan Nacional de Desarrollo.
¿Existe certeza de esto? Si nos dirigimos al reciente informe de la Contraloría General de la República referente a la calidad de la información reportada sobre el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario para el Sector Infraestructura y Transporte, el panorama es aún más nebuloso.
En lo personal, solicito respuestas diáfanas, por lo que agradecería al Ministerio de Hacienda no solo responder mis anteriores preguntas, sino también un desglose del gasto por concepto de transferencias mediante partida, subpartida y coletilla presupuestaria.
El país está urgido de un detalle de lo presupuestariamente ejecutado en los últimos cinco años en relación con las unidades programáticas que correspondan con respecto al uso de lo recaudado, en ese lapso, del impuesto único sobre los combustibles.
El autor es tutor e Investigador en la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED.
