En estos días cundió la noticia de que la nula cultura de planificación pasa la factura a la cartera de créditos públicos, e incluso dejaría a muchas instituciones sin posibilidad de nuevos financiamientos.
No es nada nuevo. Desde el 2013, he realizado diferentes análisis para determinar si, efectivamente, existe unión entre los recursos de la Hacienda pública y el Plan Nacional de Desarrollo para evidenciar, si fuera así, que los recursos bajo administración del gobierno se emplean en la atención de las necesidades de los habitantes.
La respuesta es no, y hay datos para demostrarlo. Lo más preocupante es la imposibilidad, incluso de la Contraloría General de la República, de exponer a cuánto ascienden los montos que, extraídos de impuestos o empréstitos internacionales, se destinan al aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo nacional.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) hace agua, a pesar de llenarse de normativa legal y técnica que, aparentemente, lo posicionan como uno de los principales responsables (políticos y técnicos) para que no se materialicen las advertencias que el Ministro de Hacienda hizo sobre los créditos internacionales para obras de infraestructura (”Ministro de Hacienda: ‘Estamos endeudando a los costarricenses con proyectos que no terminamos’”, 14/2/2023).
Es posible que muchos se rasguen las vestiduras y exclamen “¡se lo advertí!”. Lastimosamente, esas voces provienen mayoritariamente del sector académico, el cual conoce e interactúa muy poco —por no decir que nada— con la realidad técnica y legal del Mideplán y del Ministerio de Hacienda, menos aún con el trajín de los presupuestos públicos, que sí conocemos quienes laboramos en la administración central.
Otros clamores vendrán de políticos con muy poca —por no decir que ninguna— preparación académica o experiencia técnica en aspectos de administración, planificación o presupuestos públicos; que seguramente fueron ministros solo por compromiso político.
Tal vez, solo tal vez, habrán escuchado de la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Planificación Nacional, la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, etc.
Entonces, ¿de quién es la responsabilidad —no digamos culpa todavía— de que existan “buenas ideas pero malos proyectos”? Pues de quien nombró a la gente que pasó por el Mideplán o por el Ministerio de Hacienda y que nos tienen donde nos tienen: sin una correcta planificación presupuestaria.
El autor es tutor e investigador en la Escuelas de Ciencias de la Administración de la UNED.
