EscucharUno de los asuntos centrales de la campaña presidencial fue que nuestra situación económica estaba tan comprometida que nos podría llevar a una crisis con características parecidas a las de 1979-1980; incluso hasta tener alimentos restringidos.
El problema es tan serio, que para evitar el descalabro económico, representantes de varios partidos políticos se unieron al gobierno de Alvarado para sacar adelante el paquete tributario, reducir el gasto y evitar calificaciones paupérrimas de los órganos económicos internacionales.
Los sindicatos y los grupos que están en contra del plan fiscal no han explicado que los impuestos están dirigidos en un 80 % a las clases más favorecidas y, por el contrario, han polarizado sin necesidad al afirmar que la reforma se dirige a los que tienen menos recursos económicos; sin embargo, su objetivo real es mantener sus beneficios e impedir la reducción del gasto público.
Libertad. Los derechos y las libertades individuales llegan hasta la no afectación de los otros. La huelga, con su obstrucción de vías y el sabotaje (en combustibles, por ejemplo) ha dado pérdidas millonarias para el país en lo económico y en lo social, incluso los servicios públicos que deben ser ininterrumpidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su labor de interpretar la libertad de asociación, los derechos sindicales y su relación con la libertad de expresión, ha dicho, respecto de los dos primeros, que su ejercicio no impide la razonabilidad de restricciones legales y, en el caso de los derechos sindicales, que se respete el orden público para proteger la salud y los demás derechos (educación, movimiento, etc.).
Como complemento de los derechos sindicales, debe resguardarse la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. Sin embargo, su ejercicio no es absoluto y el alto tribunal ha indicado que el Poder Judicial debe hacer el ejercicio de determinar responsabilidades ulteriores ante los derechos de los demás y el orden público, así como para asegurar el debido proceso de quienes se presumen responsables.
Los parámetros extraídos de la interpretación jurídica de la Corte derivan de la racionalidad y proporcionalidad: a) su actuar debe estar previamente fijada por ley en sentido formal y material; en este caso, hay una norma sobre la obstrucción en las vías públicas en el Código Penal, luego del combo del ICE (año 2000), adoptado por el Legislativo así como la existencia del tipo penal para el sabotaje.
b) Responder a la Convención Americana: respeto a los derechos de los demás, al orden público y a la salud pública. Los llamados a iniciar la investigación de todo delito de acción pública son el Ministerio Público y la Fiscalía.
c) Ser necesaria en una sociedad democrática (cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad). El gobierno ha invitado a la mesa de negociación incluso con interlocutores como la Iglesia católica. Además, ha solicitado al Poder Judicial que se pronuncie sobre los términos de la huelga desde inicio de la semana anterior, cosa que no ha sucedido.
En un país en el que tenemos un Poder Judicial independiente e imparcial, ¿por qué no está resguardando los derechos de la mayoría? ¿Por qué el Ministerio Público no ha levantado las investigaciones sobre la obstrucción en las vías públicas y todos los actos de sabotaje? Ya esto ha desencadenado en enfrentamientos con particulares y actos violentos.
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Tres poderes. Este ha sido un país de paz, de respeto a los derechos fundamentales, somos una democracia en la que son innecesarias estas situaciones. Hoy como ciudadana, pido la adopción de las medidas que nos conduzcan a la mejoría del país, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, pero, de manera inmediata, del Poder Judicial.
Lejos de celebrar nuestros 197 años de independencia, la antorcha símbolo de nuestra libertad, fue detenida sin justificación por huelgistas. ¿Será que los sindicatos se han convertido en dictadores de hecho y por estar ceñidos a sus beneficios irrespetan al resto? ¿Será que un pequeño grupo se va apoderar de nuestro país y tendremos que pagar las consecuencias de no ejercer nuestros derechos?
La autora es abogada.
