EscucharEl economista Robert S. Pindyck, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), define los monopolios como una distorsión en los mercados, donde se produce una cantidad limitada de bienes y servicios a un alto precio, lo cual afecta al consumidor final.
En Costa Rica, existe legislación antimonopolios. El artículo 46 de la Constitución Política y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor tienen como objetivo la prohibición de prácticas acaparadoras y restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, y establecen la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas. Sin embargo, el Estado es dueño de instituciones que generan estas distorsiones económicas. ¿Suena contraproducente no?
Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han recomendado numerosamente mejoras y políticas de competitividad en la economía costarricense para eliminar las diferentes alteraciones en los mercados.
Instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) deben reestructurarse y promover una entrada sustanciosa de nuevas empresas.
En 1961, con el objetivo de tener la primera industria nacional dedicada a la refinación y producción de combustibles derivados del petróleo, se creó Recope. Pero desde el 2011 no refina nada.
Según datos de la Agencia de Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) Recope nos vende el combustible a precios sumamente elevados en comparación con los demás países de la región (Costa Rica $4,33, Nicaragua $3,97, El Salvador $3,51, Guatemala $3,46 y Panamá $3,22, precios por galón a julio del 2018), lo cual afecta la competitividad de Costa Rica porque es menos atractiva para invertir por los elevados costos en los precios de los hidrocarburos.
Privilegios. Por otro lado, el problema no es únicamente el precio de venta del producto. Durante años, la institución ha gozado de privilegios exorbitantes entre los cuales destacan sobresueldos, condiciones laborales de lujo y cláusulas abusivas. ¿Urge o no abrir los mercados y dinamizar la economía?
La experiencia con aperturas de mercados en Costa Rica es favorable y prueba de ello son las telecomunicaciones y las aseguradoras.
En el 2009, con la apertura de las telecomunicaciones, se produjo una baja en los precios y una mejora gradual en la calidad de los servicios. Asimismo, el mercado de seguros también se vio beneficiado. Después de la desmonopolización, ingresaron 12 aseguradoras adicionales al Instituto Nacional de Seguros (INS), lo cual se tradujo en un crecimiento del 822 % del mercado en menos de 10 años.
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Dada la salud de las finanzas públicas actuales, es muy fácil legislar a favor de los impuestos. Si bien soy consciente de la necesidad de una actualización del sistema tributario, no podemos olvidar que con la apertura de mercados se abre la posibilidad de nuevas inversiones, aumenta el empleo, la calidad y la cantidad de los bienes y los servicios brindados por nuevas empresas. Como consecuencia de ello, crece la recaudación fiscal.
Llegó la hora de tomar decisiones significativas para el beneficio de Costa Rica, aprobar una legislación que modernice el Estado acorde con los tiempos y acabar con los monopolios para abrirnos a la libre competencia.
La autora es diputada vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.
