EscucharCosta Rica está en crisis y no podemos continuar ignorándolo. Solo en los primeros dos meses de este año, se reportaron 10 femicidios en todo el país. De acuerdo con la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención del Femicidio, en 2024 hubo 30 femicidios de un total de 81 homicidios de mujeres analizados hasta ahora, aunque agregaron que ese número podría aumentar, pues aún faltan por clasificar 31 muertes violentas.
Si la tendencia actual persiste y una proporción significativa de las muertes pendientes se clasifica como femicidios, el año 2024 podría superar considerablemente las cifras de años anteriores en cuanto a mujeres asesinadas por razones de género.
El panorama general indica un aumento en las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el país. Este incremento puede atribuirse a diversos factores, como la persistencia de patrones culturales machistas, la impunidad en casos de agresión y desafíos en el acceso a la justicia. Sin embargo, resulta imposible no señalar que el discurso del Poder Ejecutivo ha contribuido a legitimar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. La llegada al poder, en 2022, de un presidente con antecedentes de denuncias por acoso sexual no deja de interpretarse como una normalización de comportamientos violentos hacia las mujeres. Asimismo, el debilitamiento progresivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) durante la actual administración, ha limitado la implementación de políticas públicas efectivas en materia de violencia de género.
La situación se agrava debido a la percepción de impunidad en casos de agresiones sexuales y violencia de género, especialmente en zonas turísticas del país. Un artículo reciente destaca que, en 2023, se reportaron 68 víctimas diarias de delitos sexuales, pero solo el 15% de las denuncias resultaron en acusaciones formales.
Asimismo, las mujeres continuamos enfrentando barreras en ámbitos como el laboral, educativo y político, lo que perpetúa relaciones de poder desiguales y facilita la normalización de la violencia.
A pesar de estas dolorosas pérdidas y de los llamados de atención de la sociedad civil, hasta la fecha no hay pronunciamientos públicos recientes del Poder Ejecutivo, específicamente sobre el aumento de la violencia de género en el país. Esta ausencia de posicionamiento oficial es preocupante y envía un mensaje equivocado sobre la gravedad de la situación.
Entonces basta de excusas, basta de encubrir a abusadores, basta de colocarlos en puestos de poder y principalmente, basta de desviar la atención de las y los costarricenses. Para abordar esta problemática, es fundamental fortalecer las políticas públicas enfocadas en la prevención, protección y atención a las víctimas, así como promover cambios culturales que erradiquen la violencia de género en todas sus manifestaciones.
La violencia de género no es un problema que afecta únicamente a las víctimas directas; es un reflejo de una sociedad que necesita replantear sus valores y estructuras. Es imperativo que, como nación, asumamos la responsabilidad de proteger a las mujeres y niñas, implementando políticas efectivas, fortaleciendo las instituciones encargadas de velar por su seguridad y promoviendo una cultura de respeto e igualdad.
No podemos permitir que más vidas se pierdan. Es momento de actuar con determinación y compromiso para erradicar la violencia de género en Costa Rica.
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Tsáitami Ordóñez es abogada e investigadora.
