Reciba un cordial saludo en nombre de la Asociación de Jubilados en Acción (AJA). Los miembros del Magisterio Nacional fuimos convocados en 1958, cuando la esperanza de vida rondaba los 58 años, para llevar educación a todas las regiones del país. Muchas de estas zonas carecían de vías de comunicación y enfrentaban graves problemas de salud pública, como la fiebre amarilla, el paludismo y la presencia de fauna venenosa.
Aceptamos ese reto histórico y, como única condición, solicitamos un régimen de pensiones sólido, respaldado por la Ley N.° 2248, que garantizara un ingreso similar al último salario devengado, cotizando incluso en mayor proporción que para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El personal docente cumplió cabalmente su misión. Hoy Costa Rica exhibe, en términos relativos, el tercer ingreso per cápita de América Latina y, en cifras absolutas, ocupa el tercer lugar –después de México y Brasil– en la exportación de productos de alta tecnología.
No obstante, pese a que trabajadores y patronos contribuimos a la conformación de un fondo destinado a sustentar nuestras pensiones, diversos gobiernos desviaron esos recursos hacia otros fines. En 1992, a quienes habíamos cotizado hasta esa fecha se nos declaró como Régimen Transitorio de Reparto (RTR), tratándolo como si se tratara de un régimen de gracia administrado por el Ministerio de Hacienda.
Esta situación permitió recortes arbitrarios por parte del Poder Legislativo y la injusta estigmatización de los jubilados como “pensionados de lujo”, cuando en realidad fuimos víctimas de un grave desfalco. De haberse respetado la creación del fondo, hoy nuestras pensiones dependerían exclusivamente de nuestros aportes y no del erario público.
Por ello, solicitamos respetuosamente que, en honor a la justicia, su administración garantice el respeto pleno de nuestros derechos adquiridos y evite que se nos mezcle con regímenes de pensiones de gracia en los que no existió cotización y sí se reciben privilegios indebidos.
Asimismo, le informamos que, con el objetivo de proteger los intereses del Magisterio Nacional y de la ciudadanía en general, hemos presentado, en conjunto con otras organizaciones magisteriales (SEC, AFUP y ANEP) un proyecto de ley destinado a prevenir que estos abusos se repitan en el futuro. Dicha iniciativa busca eliminar la impunidad y establecer sanciones penales severas para los altos jerarcas que permitan el desvío de fondos públicos.
Esta propuesta se fundamenta en experiencias internacionales exitosas en la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder, en países donde esta práctica obstaculizaba gravemente el desarrollo nacional, como Singapur, China y Vietnam.
Somos conscientes de que el desarrollo del país depende, cada vez más, de la formación de capital humano y de la calidad del personal docente. En ese sentido, resulta indispensable recuperar la confianza en que el trabajo en el Magisterio, cuando se cumplen las metas nacionales, será justamente retribuido y garantizará una vejez digna.
Por lo anterior, le solicitamos respetuosamente que este proyecto sea incluido dentro del paquete de iniciativas de transformación institucional que su gobierno presentará ante la Asamblea Legislativa en mayo próximo.
Un nuevo gobierno, sin compromisos con el pasado, con mayoría legislativa y con la bandera de la transformación, no tiene nada que temer y sí mucho que ganar ante la opinión pública al respaldar una propuesta orientada al bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Atentamente,
Miguel Sobrado en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados en Acción (AJA)
