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La discusión sobre la reforma eléctrica llegó finalmente al plenario. Después de años de trámite, el expediente 23.414 fue aprobado en primer debate con 27 votos a favor y 24 en contra. Ese dato es importante, pero no es el más relevante.
El dato clave es otro: el proyecto requiere 38 votos para su aprobación definitiva. Y desde el día antes de la votación en el plenario legislativo, el Partido Liberación Nacional –con 17 diputados– anunció que votaría en contra. Es decir, antes siquiera de iniciar la votación, el resultado político de fondo ya estaba definido: así como está, el proyecto no pasa.
Esa es la realidad. Y, frente a esa realidad, cabe una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué debió hacerse distinto?
La respuesta es clara. El Poder Ejecutivo debió haber retirado el proyecto del plenario y regresarlo a comisión para hacer dos cosas muy concretas: quitarle todo aquello que requiere mayoría calificada y fortalecer lo único que realmente puede bajar el costo de la electricidad: la competencia.
Porque aquí es donde está el fondo del problema: se está discutiendo una reforma que promete mucho, pero que no garantiza lo esencial.
La electricidad no se abarata por decreto. No se abarata por crear nuevas instituciones ni por cambiar organigramas. Se abarata cuando hay reglas claras para que más agentes puedan generar, comprar, vender y transmitir energía en igualdad de condiciones.
Y eso hoy no está asegurado.
El proyecto habla de mercados. Habla de apertura. Habla de modernización. Pero deja los elementos críticos –los que realmente determinan si habrá competencia o no– para el reglamento o para decisiones administrativas futuras.
Ese es el error.
Porque cuando lo importante se deja “para después”, lo que queda hoy es incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, no hay inversión. Y cuando no hay inversión suficiente ni oportuna, el sistema termina usando las opciones más caras cuando la demanda aprieta.
Eso, inevitablemente, se refleja en la factura.
Aquí no hay misterio técnico. Es un tema de diseño institucional.
Si la ley no consagra derechos claros para que cualquier agente pueda generar, comprar y vender electricidad, si no garantiza acceso real a las redes y si no deja claro que todos puedan transmitir en condiciones justas, entonces no hay competencia. Hay una idea de competencia.
Y una idea no baja tarifas.
Costa Rica tiene hoy un problema estructural que ya se siente en los hogares y en las empresas. A partir de aproximadamente los 300 kWh al mes, la electricidad empieza a ser más cara que en varios países de Centroamérica. Ese nivel de consumo no es de “grandes usuarios”; es el de familias normales con teletrabajo o el de pequeños negocios que necesitan operar todos los días.
Eso quiere decir una cosa muy simple: producir cuesta más, trabajar cuesta más y vivir cuesta más.
Ese es el problema que había que resolver.
Por eso, insistir en llevar a segundo debate un proyecto que no tiene los votos y que, además, no corrige de fondo ese problema, no es una estrategia política inteligente ni una decisión económica responsable.
Era mejor hacer una pausa y volver a comisión.
Era mejor limpiar el proyecto y dejar claro lo importante: que haya reglas para que cualquiera pueda entrar, comprar, vender y usar la red bajo las mismas condiciones. Para que los diputados que sí creen que abrir el mercado de verdad baja los precios y mejora la oferta de energía puedan votar a favor con claridad.
Porque aquí, al final, no se trata de ver cómo se acomoda el texto. Se trata de algo mucho más simple.
Se trata de si la electricidad va a ser más barata o no.
Y eso no se logra con discursos. Se logra con competencia real.
Si la reforma no se nota en el recibo, no resolvió nada.
Pedro Muñoz es exdiputado de la República.
