“El 1.° de diciembre de 1948, di unos mazazos sobre un muro del Cuartel Bellavista, para simbolizar así la eliminación del vestigio del espíritu militar de Costa Rica en otro tiempo”, escribió, hace 77 años, José Figueres Ferrer.
Tras su triunfo en la guerra civil de 1948, lideró la Junta Fundadora de la Segunda República, y sus ideas y acciones –junto con valiosas conquistas sociales promulgadas en gobiernos anteriores, las que respetó, apoyó y profundizó– impulsaron las grandes transformaciones que se dieron en la segunda mitad del siglo pasado y forjaron la Costa Rica moderna que nos ha permitido alcanzar significativos niveles de desarrollo humano.
En un acto sin precedentes, la citada Junta declaró “oficialmente disuelto el Ejército Nacional, por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía”. Esta relevante decisión, que fue ratificada en el artículo 12 de la Constitución Política promulgada en 1949, es hoy más importante que nunca.
La abolición del ejército es el legado de mayor trascendencia para la vida política e institucional del país, ya que nos ha permitido vivir en paz, cimentar los valores más preciados del sistema democrático y destinar mayores recursos económicos al desarrollo del país, en general, y a la educación y la salud de los costarricenses, en particular.
La ausencia de una institución militar fortaleció nuestra democracia, al eliminar el peso o influencia que podría ejercer en los procesos electorales y en nuestra vida cotidiana, como sucede actualmente en otros países latinoamericanos.
Los casos de Venezuela, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, y de Nicaragua, con Daniel Ortega y Rosario Murillo, son ilustrativos de la utilización del poder militar para pervertir la democracia, para intimidar, encarcelar y hasta asesinar a opositores al régimen, para perseguir y amedrentar a periodistas críticos y cerrar medios de comunicación independientes, para validar evidentes fraudes electorales y perpetuarse en el poder.
Algo similar sucede con Nayib Bukele, el cual, bajo la excusa del combate a la delincuencia y con el brazo ejecutor del ejército, irrespeta las garantías individuales de los salvadoreños –como las del debido proceso, la libertad de movimiento, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión y asociación– silencia las voces críticas y ejerce un poder tiránico.
Por fortuna para los costarricenses, la falta de un ejército limita las posibilidades de cualquiera que pretenda concentrar el poder, eliminar los controles y contrapesos, y desestabilizar nuestra preciada democracia.
Hoy, cuando el sesgo autocrático es la característica de quien lidera el Poder Ejecutivo, hemos visto cómo los intentos de socavar la división de poderes y las instancias de control de nuestro sistema político han encontrado freno en la fortaleza de nuestra institucionalidad.
¿Se imaginan, costarricenses, que en la Costa Rica actual existiera un ejército con miles de militares utilizando los recursos que se destinan a la educación, la salud o la infraestructura pública y bajo el mando del actual presidente?
Sus pretensiones de gobernar sin controles han sido manifiestas y reiterativas, lo mismo que su deseo de seguir en el poder a través de una “candidata de la continuidad”, la que, de ganar las próximas elecciones, prácticamente le cedería el poder designándolo ministro de la Presidencia (declaraciones que ella misma dio), con lo cual también le prolongaría la inmunidad a la que se aferra para evitar eventuales procesos judiciales.
También aspira a contar con “40 diputados”, con lo que podría reformar la Constitución y establecer cambios en el modelo de sucesión del poder –como la reelección continua– y, por si fuera poco, algunos de sus adeptos han mencionado su eventual intención de suspender las garantías individuales o desterrar a aquellos que se les opongan.
¿Han reflexionado, conciudadanos, sobre cuál sería nuestro escenario político y el estado de nuestra democracia si estos afanes autocráticos hubiesen encontrado el contexto de una Costa Rica con ejército?
¿Pueden imaginar lo que podría hacer, con el poder militar bajo su mando, quien no oculta que la división de poderes y la institucionalidad le estorban, quien arremete, un día sí y el otro también, contra los miembros del Congreso, los magistrados, la Fiscalía y la Policía Judicial, y la contralora?
¿Se figuran cómo serían los procesos electorales con la existencia de un ejército al servicio de quien ataca insensata e injustamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) e irrespeta groseramente a sus magistrados?
¿Creen ustedes que, en tales circunstancias, los controles y contrapesos de nuestro sistema político habrían resistido los ataques y descalificaciones a los que han estado sometidos? ¿Que aún tendríamos libertad de expresión y una prensa independiente?
Al celebrar, este 1.° de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, reconocemos la relevancia que tiene esa histórica decisión para nuestra convivencia política y la preservación de nuestra democracia, decisión que, especialmente hoy, constituye un freno, un verdadero dique que nos protege contra las pretensiones y desvaríos autocráticos de quienes ejercen el poder.
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Luis París Chaverri es exembajador.