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Costa Rica es un rompecabezas donde las piezas no encajan. Un cantón densifica verticalmente, el vecino expande suburbios; uno protege recargas, otro urbaniza sin freno; las costas esperan orden y las concesiones improvisadas avanzan. El saldo: ciudades desconectadas, infraestructura saturada, servicios insuficientes, alto costo ambiental y un país que pierde cohesión y competitividad.
El problema no se limita a la Ley de Planificación Urbana de 1968. La Constitución dio amplia autonomía a las municipalidades, al punto de generar 84 enfoques sin un marco vinculante que asegure coherencia nacional. La autonomía es valiosa, pero no absoluta: forman parte de un sistema interdependiente financiado por toda la ciudadanía, y sus decisiones deben alinearse con una visión país. Esto exige reformas constitucionales puntuales para que, en materia territorial, el interés colectivo prevalezca bajo parámetros claros y democráticos.
Solo 43 cantones tienen plan regulador vigente. El resto opera con normas generales o instrumentos obsoletos. En las costas, los planes avanzan sin coordinación regional, lo que dificulta ordenar el crecimiento y proteger el ambiente. El INVU debe salir del proceso de aprobación de planes reguladores. Su esquema ha sido lento e ineficiente. No es un castigo, sino una reestructuración para contar con una rectoría ágil, técnica y alineada con una visión nacional.
Mideplán debe asumir la autoridad de planificación territorial, con potestad vinculante y el respaldo técnico y financiero para ejercerla: personal especializado, sistemas actualizados, herramientas digitales, convenios estratégicos y presupuesto suficiente. Debe articular y supervisar proyectos con alianzas público-privadas, financiamiento internacional y cooperación, bajo reglas claras que garanticen equidad social y sostenibilidad.
Esto incluye un Plan Nacional de Infraestructura que incorpore puertos, aeropuertos, ferrocarriles y corredores logísticos, alineado con la conectividad regional y global. La competitividad depende de cómo el país articule su territorio con el comercio exterior, el turismo y la movilidad, con criterios técnicos que trasciendan fronteras cantonales y ciclos políticos. Si un cantón no tiene plan regulador, debe regirse por un plan nacional hasta contar con el suyo.
La viabilidad técnica nunca ha sido tan alta. Con 51.000 km² y 5,5 millones de habitantes, Costa Rica es diminuta comparada con regiones que gestionan más territorio y población bajo sistemas centralizados y eficientes. Sin embargo, esa escala reducida no ha evitado décadas de desorden y desarticulación.
En plena era de la información y la inteligencia artificial, el territorio está mapeado, la infraestructura y los servicios georreferenciados, y existen datos para medir densidades, fragilidad ambiental, talento humano, servicios y movilidad con precisión. Si algún dato no existe, debe levantarse.
Ciudades como Singapur, Seúl, Ámsterdam o Copenhague usan redes 5G, sensores y medición en tiempo real para ajustar su desarrollo al instante. La meta no es solo corregir rezagos, sino igualar y superar esos estándares, planificando un país capaz de adaptarse continuamente a la tecnología, la virtualidad, la automatización y los retos ambientales.
La planificación debe abandonar modelos que fomentan desplazamientos diarios masivos. Muchas labores pueden migrar a la virtualidad, reduciendo tráfico y emisiones. La movilidad debe ser el eje, con corredores masivos, renovación urbana y vivienda bien ubicada.
Esta debería ser la hoja de ruta:
• Reforma constitucional para que el interés general y políticas nacionales prevalezcan en ordenamiento, respetando autonomía en su ámbito.
• Reforma a la Ley de Planificación Urbana con alineamiento obligatorio, revisiones cada cinco años y plazos claros.
• Transferir la aprobación de planes reguladores del INVU a Mideplán, fortalecido técnica y financieramente.
• Meta 2030: todos los cantones deberán tener plan regulador vigente o estarán aplicando el plan nacional.
• Integración coordinada entre Mideplán, municipalidades y entes de infraestructura y servicios para ejecutar inversiones bajo un esquema único y vinculante.
• Crecimiento en corredores de transporte masivo, con teletrabajo y servicios digitales.
• Resiliencia climática: control de inundaciones, parques inundables y protección costera.
• Alianzas público-privadas para impulsar desarrollo urbano e infraestructura clave, con reglas claras y equidad social.
El ordenamiento no puede seguir rehén de intereses fragmentados ni de visiones que cambian cada cuatro años. Es un asunto de urgencia nacional que debe fijarse desde ahora para que el próximo gobierno y el Congreso reciban una hoja de ruta consensuada, con bases legales y financieras sólidas.
Costa Rica tiene la información, la escala y la tecnología para decidir con evidencia. Lo que falta es voluntad política y disciplina para sostener una visión compartida más allá de los ciclos electorales.
Rafael Solís C. es arquitecto.
