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La llegada del 5G a Costa Rica no es únicamente una evolución tecnológica hacia mayor velocidad y menor latencia; representa un cambio estructural en la forma en que se interconectan personas, empresas, instituciones y naciones.
Sin embargo, esta nueva tecnología también amplía la superficie de ataque y expone al país a nuevos riesgos de seguridad de la información que requieren una visión estratégica y una respuesta integral.
El 5G habilita escenarios impensables en generaciones anteriores: telemedicina en tiempo real, ciudades inteligentes, transporte autónomo y automatización industrial. Estos beneficios, no obstante, se acompañan de una realidad ineludible: cada dispositivo conectado es un posible punto de entrada para los ciberdelincuentes. El vector de ataque se multiplica, y con ello, la urgencia de fortalecer las defensas digitales.
Así, han aumentado los ataques de denegación de servicio (DDoS), la manipulación de tarjetas SIM, las vulnerabilidades en software de terceros y las estafas informáticas, que en Costa Rica han tenido un crecimiento de 668,05% entre los años 2020 y 2024, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Tan solo en el primer semestre del 2025, estos timos representaron más de ¢2.700 millones en perjuicio económico para las víctimas, con un crecimiento del 100% en los casos en comparación con el primer semestre del año pasado.
Estos son solo algunos ejemplos de las amenazas que se intensifican en el entorno 5G. La interdependencia de proveedores de hardware, software y nube añade una complejidad adicional: la seguridad de una red será tan fuerte como su eslabón más débil.
Racsa no se limita a ser un operador tecnológico; su papel en la construcción de un entorno digital seguro parte desde el diseño mismo de las redes. La arquitectura de su infraestructura 5G incorpora estándares internacionales como los definidos por el 3GPP, GSMA, y otros, que establecen lineamientos de autentificación, cifrado y segmentación de tráfico en cada capa de la red.
Además, se apega al Decreto Ejecutivo 44196, que regula las medidas de ciberseguridad aplicables a tecnologías 5G y superiores en Costa Rica. Esto significa que Racsa debe realizar auditorías constantes, reportar resultados al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y garantizar diversidad de proveedores para evitar dependencias críticas, lo que reduce los riesgos de vulnerabilidad en su núcleo de red.
Entre las acciones más relevantes destacan:
- Monitoreo constante de infraestructuras en todas las capas, desde la radio (RAN) hasta el CORE de la red.
- Integración de múltiples proveedores de software y hardware, bajo esquemas certificados de seguridad, para asegurar redundancia y continuidad operativa.
- Cumplimiento con la Ley 8968 de Protección de Datos Personales, garantizando que la información de los usuarios sea tratada con consentimiento informado y supervisión de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
- Auditorías y pruebas de vulnerabilidad periódicas, alineadas a normas ISO 27000 y marcos internacionales de gestión de riesgos.
- Planes de continuidad de negocio y contingencia, diseñados para mitigar incidentes y asegurar la operación y resiliencia de servicios críticos.
Un llamado a la acción
En este nuevo ecosistema digital, la corresponsabilidad es clave. La protección no depende solo de operadores y reguladores; también de la higiene digital de cada persona.
Validar la autenticidad de aplicaciones, leer los consentimientos informados en las políticas de privacidad y evitar el uso de servicios no licenciados son prácticas básicas que pueden marcar la diferencia entre la seguridad y la exposición.
La ausencia de una Ley de Ciberseguridad y la desactualización de la normativa de protección de datos personales limitan la capacidad de respuesta a amenazas cada vez más sofisticadas.
La computación cuántica y la inteligencia artificial –capaces de generar malware en minutos o quebrar algoritmos de cifrado tradicionales– son retos que ya están en el horizonte y para los que debemos prepararnos hoy.
Costa Rica necesita avanzar en cuatro frentes:
- Legislativo, aprobando leyes acordes a la realidad tecnológica actual y asignando presupuestos necesarios para garantizar la competitividad y seguridad del ecosistema digital del país.
- Institucional, garantizando auditorías constantes, capacitación y cultura preventiva.
- Academia, impulsando el desarrollo de nuevos talentos especializados en ciberseguridad que atiendan la alta demanda del mercado.
- Ciudadanos, asumiendo buenas prácticas de uso responsable de la tecnología.
La promesa del 5G será tan poderosa como nuestra capacidad colectiva de protegerla. Más velocidad y más dispositivos conectados no deben traducirse en más vulnerabilidad, sino en más conciencia, más cooperación y más seguridad.
El futuro digital de Costa Rica depende de que entendamos que cada clic, cada dato y cada red son parte de un ecosistema que debemos blindar juntos.
Vladimir Sequeira Cole es ingeniero en ciberseguridad de Racsa.
