En Vela

La Nación ha informado con objetividad sobre este negocio. La falta de transparencia está en la otra acera, dado que sobre el beneficiario de la adjudicación pende un juicio penal, planteado por la propia CCSS, que se resolverá en los próximos días, esto es, después de la adjudicación. En el editorial de este periódico, el sábado pasado, se plasmó la interrogante: “¿Conviene que la CCSS otorgue un contrato a quien, hace pocos años, demandó por un supuesto delito en la misma materia (alquiler de bodegas) que hoy pone en sus manos?”. Lo menos que puede decirse es que, si no ha habido transparencia, tampoco ha habido sensibilidad.

Ayer La Nación informó de la presentación, por parte de la Dirección Jurídica de la CCSS, de dos criterios contradictorios, uno ante la junta directiva sobre la inexistencia de un solo grupo de interés económico entre Juan León y las otras dos empresas citadas, y otro ante los tribunales de justicia que confirma la existencia de un vínculo entre la persona física y la persona jurídica: Juan León, Algefissa y Almacén General de Depósito son, en lenguaje jurídico y económico, tres personas distintas, pero un solo beneficiario verdadero.

¿Por qué estos enredos? Esta es la cuestión. Mi abuelita decía: “Mijito, cuando las cosas no están claras, abra las pepas”, es decir, ponga el cerebro a funcionar. La cosa se complica con las declaraciones del director jurídico de la CCSS quien, al defender la adjudicación dada a Juan León, en su análisis “sobre la apariencia de irregularidad” expuso que “la existencia de un vínculo entre una persona –física o jurídica– contra la cual se sigue un proceso penal y otra persona sobre la cual se mantienen relaciones contractuales” puede ser “ampliamente aprovechable por parte de los medios de comunicación masiva” que podría acarrear cuestionamientos “para la Caja' como para el propio imputado”. Y en un escrito, este funcionario expresó que los medios “transmiten una imagen de la realidad” que provoca “percepciones inexactas' de forma tal que los medios se erigen como el instrumento de la indignación y de la cólera públicas”.

Si en una adjudicación se dice una cosa y en un juicio, otra diferente, acerca de un mismo mismo hecho y una misma persona, obviamente un periódico debe reaccionar.

No se entiende, entonces, por qué esta voz de alerta a la junta directiva o este temor si la prensa se enteraba de la adjudicación en estas condiciones.