Un desafío prolongado

La peor crisis migratoria experimentada por Costa Rica desde la década de 1980 explotó ante los ojos de todos y el evidente desconcierto del Gobierno. Se trata de un enorme desafío humanitario que, sin embargo, también tiene profundas implicaciones legales y políticas. Por esto, y pese a los esfuerzos realizados para buscar solución al problema, no parece existir una salida a la vista y, hasta ahora, a nuestro país le ha tocado asumir las mayores responsabilidades.

Apenas horas después de que cayera la banda, comenzó a acumularse en la frontera con Panamá una multitud de cubanos. Enfrentadas a tal presión, nuestras autoridades decidieron emitir visas temporales, con la expectativa –desgraciadamente mal informada e ingenua– de que Nicaragua los aceptaría, y que lo mismo sucedería con los demás países centroamericanos y México. Sin embargo, Managua no solo rechazó el ingreso, a lo cual no estaba obligada, sino que acudió a la represión, la militarización de la frontera y las provocaciones a Costa Rica, algo que nunca debió hacer.

Luego de una reunión regional de cancilleres celebrada en El Salvador a pedidos de nuestro país, Ecuador restableció las visas para los cubanos, que había eliminado como requisito de ingreso meses atrás. Esto ha frenado momentáneamente el flujo aéreo desde La Habana a Quito; sin embargo, todo indica que muy pronto será reanudado, porque los trámites de visado son relativamente sencillos y ya han comenzado a activarse en Cuba.

El pasado jueves, Guatemala rechazó el pedido de Costa Rica para trasladar a los migrantes por vía aérea. Entre otras cosas, adujo que no existe ninguna garantía de que México les abra la frontera. Tiene razón. No olvidemos que, aunque en Estados Unidos existe legislación que acoge a los cubanos una vez que ingresan a su territorio, la entrada solo es permitida si obtienen visas en Cuba, un proceso muy selectivo. Como ninguno de los casi 4.000 migrantes ahora en Costa Rica ha cumplido con este requisito, solo podrían entrar a territorio estadounidense de forma ilegal. Esto lo saben los mexicanos, como lo sabemos nosotros. Por eso, a menos que hubiera una disposición previa y explícita de Estados Unidos para aceptar a los cubanos sin visa, es improbable que México les permita el ingreso. Hasta ahora no hay ninguna señal de que tal disposición pueda producirse, y difícilmente se dará.

Las causas profundas de este enorme flujo están, en primer lugar, en Cuba; en segundo, en Estados Unidos. En Cuba, porque los controles internos, el ahogo, la precariedad y la falta de oportunidades expulsan población; más aún, el régimen ahora estimula la salida de sus ciudadanos, y sectores de sus cuerpos de seguridad, donde la corrupción ha crecido, parecen estar involucrados en el tráfico. En Estados Unidos, porque la legislación migratoria especial para los cubanos, y el temor de estos a que se elimine como parte del proceso de normalización entre Washington y La Habana, constituye un imán para salir con la mayor rapidez posible.

Si, por ahora, las condiciones en Cuba seguirán siendo tan dramáticas o, incluso, peores; si Estados Unidos no ha dado muestras de que cambiará su legislación ni de que acogerá, excepcionalmente, a los cubanos atrapados en Centroamérica; si existe la posibilidad de que Ecuador otorgue visas liberalmente, y si ningún otro país –salvo, por ahora, Panamá— está dispuesto a colaborar con Costa Rica, la conclusión es inevitable: la crisis se mantendrá y es muy probable que empeore aún más. Por esto, es urgente movilizar apoyo de la comunidad internacional para la atención de los migrantes aquí. Esto no quiere decir cejar en los esfuerzos para su eventual traslado a otros países, pero sí tener un gran sentido de realidad sobre la magnitud y duración del desafío que confrontamos.