EscucharSon muchos los deberes de los presidentes democráticos, pero ninguno es tan supremo como velar por la normal realización de elecciones libres, proteger su integridad y contribuir a la transferencia ordenada del poder. El expresidente Donald Trump no solo burló ese mandato, peor aún, conspiró activamente para desconocer el resultado de los comicios celebrados el 3 de noviembre del 2020 y, así, privar a sus conciudadanos del derecho a elegir.
Esta es la esencia de la nueva acusación penal en su contra revelada el martes por el fiscal federal especial Jack Smith. Por su magnitud, relevancia y gravedad, supera por mucho las otras dos que ya pesan en su contra. El caso pondrá a prueba, como nunca antes en su historia republicana, la integridad e independencia del sistema judicial estadounidense, la solidez de su sistema político y la madurez de sus ciudadanos.
En el minucioso documento de 45 páginas que sustenta la acusación, Smith responsabilizó a Trump de cuatro cargos. Uno es “conspiración para defraudar” al país, por los métodos que él y otros conspiradores utilizaron para tratar de revertir el desenlace electoral; dos se relacionan con los “esfuerzos para obstruir el proceso para certificar la votación”; el cuarto, lo acusa de “conspirar para violar los derechos civiles” de los ciudadanos en algunos estados con resultados estrechos, como Arizona, Michigan y Georgia.
El fiscal se cuidó de no utilizar el término “sedición”, porque remitiría a una figura penal en extremo difícil de probar. Sin embargo, todo indica que Trump puso en marcha y estuvo a punto de concretar una trama sediciosa, equivalente a un golpe de Estado institucional, y que lo hizo con pleno conocimiento de la gran mentira en que lo sustentó: su presunto triunfo frente al entonces candidato demócrata y hoy presidente, Joe Biden.
Bien lo dijo el fiscal Smith: “Estas afirmaciones eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas”. Para demostrarlo, algo clave en el proceso, no solo están las decisiones de tribunales en varios estados que, de manera unánime, rechazaron las pretensiones de declarar nulos los resultados, sino también múltiples testimonios de personas cercanas a él, incluido el exvicepresidente Mike Pence, que lo confrontaron reiteradamente con su mentira.
Ante la extrema seriedad de los cargos, la abundante evidencia contenida en la acusación y mucha otra que sin duda será aportada en las próximas semanas y en el juicio, Trump acudió a una estrategia tan perversa como conocida: plantear todo como una conspiración política para frenar su carrera hacia las elecciones del 2024 y, finalmente, a la Casa Blanca. Hasta ahora, por desgracia, esa línea discursiva, dirigida a minar la credibilidad en la justicia, le ha rendido frutos entre los votantes republicanos. Según las más recientes encuestas (previas a la acusación), se mantiene como claro favorito para ganar la candidatura presidencial de su partido, a gran distancia del contendiente más próximo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Además, muchos dirigentes republicanos, con pasmosa y peligrosa irresponsabilidad, se han hecho eco de sus teorías conspirativas. Hasta cuándo se mantendrán prisioneros de ellas y de Trump, es difícil de saber. Por lo pronto, algunos precandidatos como Pence, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas, dieron pasos al frente y lanzaron fuertes críticas contra él. Incluso DeSantis, quien desde su oportunismo miope no se había manifestado con claridad, el viernes dijo que el “robo” de las elecciones del 2020 era falso.
Quizá, conforme avance este proceso —aunque la defensa del expresidente hará todo lo posible por demorarlo—, más dirigentes y votantes se liberen de sus mentiras. Hasta ahora, sin embargo, ni la acusación en Nueva York por pagos a una artista porno para comprar su silencio en el 2016, ni la planteada por el fiscal especial Smith por el manejo de documentos confidenciales, mellan lo suficiente su base de apoyo ni su capacidad para recibir donaciones. El caso actual, sin embargo, es mucho más grave, porque toca la esencia misma de la democracia, y es probable que pronto se le sume otra acusación en Georgia, por presiones para que se desconociera el resultado favorable a Biden.
No tenemos dudas de que el sistema judicial mantendrá su rectitud y autonomía. Pero si Trump llega a obtener la candidatura de su partido, como es posible, el choque constitucional que podrá generarse será enorme, y el riesgo democrático rebasaría cualquier precedente. Si en el 2020 trató de torcer el resultado, de él y sus cómplices se puede esperar cualquier cosa con vistas al 2024. Los ciudadanos y dirigentes responsables, no importa el partido al que pertenezcan, deben mantenerse alertas y volcarse con decisión en favor de la integridad de la democracia y sus instituciones.
