EscucharEl fallecimiento del Dr. Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, deja un hondo vacío en la judicatura y la academia costarricenses. El magistrado de 69 años murió en el Hospital México, víctima de una pulmonía, y su inesperada partida es causa de tres días de duelo nacional decretados por la Presidencia de la República.
Es un justo homenaje. Luego de una distinguida trayectoria como juez penal, el Dr. Mora fue nombrado ministro de Justicia en la administración del expresidente Óscar Arias. Su paso por el Poder Ejecutivo concluyó cuando el Congreso lo designó entre los primeros siete integrantes de la Sala Constitucional, creada en 1989.
A veinte años de su fundación, la Sala está urgida de reforma, como lo reconocen muchos de sus integrantes. Entre sus fallos hay muchos de naturaleza polémica y el debate sobre los alcances de su gestión es intenso, pero nadie discute que el alto tribunal dio a la Constitución Política una vitalidad inexistente hasta el momento de su creación. Buena parte de esa tarea se ejecutó bajo la presidencia del Dr. Mora.
En la Sala IV, el magistrado decidió sobre una larga serie de casos complejos, algunos de ellos de profunda repercusión en la historia del país. Uno de los más sonados fue el fallo sobre la reelección presidencial. El caso centró la atención sobre el magistrado puriscaleño dado su historial de cercanía al expresidente Óscar Arias, cuya intención de volver a la presidencia era bien conocida. Mora silenció las dudas cuando votó en contra de la reelección.
Al conocer la noticia del fallecimiento del magistrado, el expresidente dijo estar sorprendido y desconcertado. “Fue un gran amigo y fue un gran honor que me acompañara como ministro de Justicia en mi primer gobierno. Fue una persona íntegra y responsable que honró al Poder Judicial”.
La distinguida labor del magistrado en la Sala Constitucional sirvió para elevarlo a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñó hasta su muerte. Desde ese cargo, siempre se mostró preocupado por los atrasos en la administración de justicia y promovió legislación para agilizar la resolución de los litigios. La adopción de la oralidad en los procesos, una tarea todavía incompleta, debe mucho a su constante empeño.
Esa preocupación lo condujo a reflexiones sobre el Estado costarricense más allá del Poder Judicial. En su discurso de apertura del Año Judicial en el 2011, criticó la práctica de ganar réditos políticos mediante la concesión o ampliación de derechos sin prever los recursos económicos necesarios para hacerlos practicables. “Después de todo, los derechos valen en tanto y en cuanto se puedan hacer efectivos. Lo demás es papel”, afirmó.
Según el Dr. Mora, la creación de obligaciones estatales en ausencia de una estructura capaz de darles contenido material conspira con el fácil acceso a la administración de justicia para crear “una trampa mortal”, peligrosa para el sistema democrático. La Corte no cuenta con los recursos para atender los reclamos basados en irresponsables mandatos legislativos y tampoco puede asegurar su cumplimiento.
El resultado es la judicialización de los asuntos políticos, “'que terminan siendo resueltos por los jueces en distintas instancias, algunas veces penales, pero mayoritariamente constitucionales y contencioso-administrativas”. Además, la imposibilidad material de cumplir las exigencias impuestas por la ley convierte al Estado en su principal infractor y cultiva la frustración y el desencanto de los ciudadanos.
El Dr. Mora deja como legado ese pensamiento y mucho más, recogido en sus sentencias, artículos académicos e intervenciones públicas, además de la influencia ejercida sobre generaciones de alumnos en las aulas de la Universidad de Costa Rica, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Autónoma de Centroamérica y la Escuela Judicial.
El país le está agradecido.
