Luego de que una moción de censura terminara el 1.° de junio con los seis años y medio de permanencia en el poder de Mariano Rajoy y su Partido Popular (PP), España ya tiene un nuevo gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Con apenas 84 de los 350 diputados integrantes de las Cortes (parlamento), será el más minoritario desde la reinstauración de la democracia en el país: una posición en extremo vulnerable, que augura la posibilidad de nuevas elecciones a muy corto plazo. Pero, a pesar de esto, hay varios elementos positivos que pueden rescatarse de lo sucedido, y todos ellos hablan bien de la robustez democrática e institucional española.
En primer lugar, se debe destacar el carácter claramente europeísta y moderado del nuevo jefe de Gobierno y su equipo. En este, las mujeres constituyen mayoría y todos los miembros, sobre todo quienes ocupan carteras clave como Economía, Relaciones Exteriores y Defensa, cuentan con sólidos atestados para ejercer sus tareas de forma competente. Su contraste con el gobierno populista que acaba de instalarse en Italia no podía ser mayor.
Otro elemento positivo es que el cambio, aunque políticamente traumático, fue institucionalmente legítimo, apacible y fluido. Se produjo a partir de una moción de censura aprobada gracias a una amalgama de fuerzas políticas muy dispares (ocho en total) articulada por Sánchez, con particular peso de su propio partido y Podemos, de izquierda más radical. Fue una clara maniobra de ajedrez parlamentario sin posibilidades de generar un gobierno mayoritario y que, por ello, podría calificarse como poco responsable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el móvil que la produjo: uno de los más severos casos de corrupción de la época democrática, que generó fuertes condenas contra el extesorero del PP y otras 28 personas ligadas a él. La trama de financiamiento en que participaron canalizó fondos ilegales tanto a los imputados personales como a la agrupación política. Por este motivo, el partido fue condenado a pagar 245.492 euros (poco menos de $300.000) como “partícipe a título lucrativo”.
En tales condiciones, la posición de Rajoy se volvió insostenible. La alternativa era o la destitución impulsada por los socialistas o la convocatoria, de una vez, a nuevas elecciones, opción propuesta por el partido Ciudadanos, de centroderecha. La habilidad política de Sánchez logró que se impusiera la primera. La gran incógnita, ahora, es cuánto tiempo podrá mantenerse en el poder un gobierno socialista “químicamente puro” (no incluye miembros de otros partidos) y con tan reducido apoyo parlamentario.
Por suerte, España se encuentra en una posición relativamente sólida y ha logrado superar plenamente la enorme crisis económica que la puso en serio riesgo político y social entre el 2008 y el 2011. Incluso el agudo conflicto generado por los intentos de independencia unilateral de Cataluña ha sido parcialmente neutralizado, aunque sin lograr un arreglo a largo plazo en el marco de la Constitución española. La recuperación económica hay que acreditársela, esencialmente, a Rajoy, quien tomó las medidas necesarias para contener los enormes desajustes y emprender una serie de cambios estructurales que han dado bases más sanas a la economía. Su desempeño sobre el desafío catalán, sin embargo, tuvo claroscuros: un necesario apego a la constitucionalidad, pero, a la vez, una excesiva intransigencia, que agudizó el conflicto.
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Ahora tocará a Sánchez, su partido y su equipo demostrar que están preparados para mantener todo lo bueno del rumbo ya andado y emprender iniciativas propias acordes con los desafíos y oportunidades emergentes; es decir, que a pesar de su carácter minoritario, pueden gobernar con solvencia. Esperamos que así sea, por el bien de España y de Europa.
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