EscucharLa noticia no nos toma de sorpresa. La historia de los bancos estatales, y del uso que han hecho de ellos algunos grupos o personas, abunda en hechos parecidos; pero todavía está muy fresca la saga alucinante del Banco Anglo Costarricense. Además, fuera de los endebles muros de la banca estatal, soportamos el frenesí del gasto público y una serie interminable, durante muchos años, de ocurrencias, corazonadas y actos de negligencia en la administración de los recursos públicos cuya suma rebasa toda imaginación.
Es una mole demasiado pesada para un pueblo pobre. Por ello, cuando tomamos nota, gracias a una serie de reportajes de nuestra redactora Yanancy Noguera, de las pérdidas --reales, inminentes o potenciales-- de la banca estatal por el atolondrado financiamiento bananero a principios de esta década, de nuevo se abren las heridas y se reaviva la memoria. El golpe, a lo largo de los años, se torna tan duro que, de tanto sufrirlo, paradójicamente, en vez de cristalizar en estoicismo, entreabre alguna ventana de esperanza: ¿cómo hemos podido tantos sufrir, durante tanto tiempo, tantas torpezas --o vivezas-- de unos pocos? Quizá con orden y apertura mental podamos aprovechar estas dolorosas experiencias y, ante los retos de un mundo que exige seriedad y madurez, corrijamos este cúmulo de errores y pecados --de acción y de omisión-- que han postrado, sin razón alguna, nuestra economía y agrietado peligrosamente el edificio de la justicia social.
Las cifras de este nuevo devaneo bancario estatal, producto de directrices gubernamentales poco fundamentadas, son categóricas: 49 compañías bananeras --no pocas en manos de bananeros improvisados-- adeudan ¢19.051 millones, en promedio ¢376 millones cada una. Doce de estas empresas se han acogido al procedimiento de administración por intervención judicial. El monto que los bancos han debido poner en la categoría de incobrable asciende a ¢7.811 millones y las pérdidas declaradas suman ya ¢1.010 millones en tres préstamos y ¢347 millones en el Banco Popular, el de los trabajadores, que se aventuró, a saber por qué, en el campo bananero. Podría vislumbrarse alguna esperanza de recuperación en el cobro judicial, mas este recurso no funcionará, por cuanto la mayoría de los créditos se otorgaron sobre el cien por ciento de la inversión, pero la tierra representa solo el 10 por ciento.
La causa de este nuevo desaguisado se encuentra en la naturaleza misma de la banca estatal, una utopía creada supuestamente para impulsar el desarrollo económico y democratizar el crédito, pero que se ha dirigido con criterio político y de favorecimiento de amistades, en razón del origen de su mandato: el gobierno de turno --en este episodio bananero el del expresidente Rafael Angel Calderón F.-- y sin la obligación de rendir cuentas ante nadie. Por este motivo, la mayoría de las pérdidas en la banca estatal han quedado impunes y han alimentado, por lo tanto, nuevos descarríos. Epílogo: la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas.
Obviamente, esta crisis debe resolverse o, al menos, paliarse, por el bien del Sistema Bancario Nacional, de la economía y, sobre todo, de los ciudadanos que terminarán pagando la cuenta. No se trata de una crisis en la industria bananera, sino en el uso y abuso que una parte de ella ha hecho de la forma en que la banca manejó los créditos. En este contexto deben buscarse las soluciones más pertinentes y beneficiosas para el bien común. Entre ellas debe contemplarse, cuando corresponda, emprender acciones judiciales en aquellos casos de negligencia o imprudencia. Y, sobre todo, debe aprenderse --nuevamente-- la amarga lección de los extremos a que se puede llegar con una banca politizada y manipulada.
