La función de un banco central en las economías modernas es suplir los medios de pago para que el aparato productivo funcione a cabalidad en un entorno de estabilidad interna y externa de la moneda, objetivos que podrían entrar en conflicto. El central coadyuva a la estabilidad interna si sus políticas conducen a una inflación baja. Pero la estabilidad externa tiene que ver con el tipo de cambio y en esto pueden (y suelen) mediar factores que están fuera del control de la autoridad monetaria. Una política de tipo de cambio fijo (que en la práctica solo significa “fijo hasta nuevo aviso”), en un entorno globalizado, sujeto a presiones de muy diversa índole de origen interno o externo, como el de Costa Rica, no es lo más conveniente para las economías y por eso casi ningún país del mundo la sigue en la actualidad. Incluso, los que como Panamá o El Salvador tienen por moneda el dólar estadounidense, están sujetos a las fluctuaciones de esa moneda en relación con otras. La opción del tipo de cambio variable es mejor.
Cuando se opera con tipos de cambio variables, normalmente se acepta que la autoridad monetaria intervenga para evitar movimientos violentos en el tipo de cambio, pero no para alterar la dirección fijada por el mercado. Esto lo logra comprando divisas cuando el precio baje demasiado, y vendiendo cuando se eleve de forma atípica. En este empeño, el banco central debe definir cuándo se está en presencia de un movimiento atípico y explicar, posteriormente, cuando actúe para evitarlo. Además, el ente emisor cumple a cabalidad la función de suavizar los picos si con sus intervenciones no acumula ni pierde divisas a lo largo del tiempo.
El Banco Central de Costa Rica dice actuar de conformidad con los principios enunciados. Sin embargo, los datos sugieren que no lo hace de manera coherente. Aunque sus operaciones de compra y venta de divisas, y las de otra naturaleza, no deberían causar pérdidas financieras, en el 2017 las hubo (cuasifiscales) equivalentes a un 0,4 % del valor de la producción nacional (PIB). Al final de ese año, el endeudamiento ascendió a unos ¢2 millones de millones, un 6,1 % del PIB, y por eso incurrió en una carga de intereses equivalente al 0,54 % del PIB. Todo esto, inevitablemente, se suma a los problemas presupuestarios del Gobierno Central.
Es cierto que parte de las pérdidas del Banco Central obedecen a operaciones ejecutadas años atrás, pero otras se originan en acciones del presente. Entre estas, por ejemplo, están las que acompañan el endeudamiento para fines de balanza de pagos, como el préstamo por $1.000 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) previsto para el 2018. Si el Central se endeuda para mantener un tipo de cambio por debajo del mercado, eso tiene un costo que el país debe soportar.
En un régimen de tipo de cambio variable, las operaciones de compra y venta de divisas por el Banco Central no requieren endeudamiento de mediano ni de largo plazo, pues su fin es, a lo sumo, suavizar picos y las cantidades compradas compensan las vendidas. Si para actuar en el mercado cambiario el Central debe endeudarse a mediano o largo plazo, eso indica que el propósito de su intervención es otro, como evitar que el tipo de cambio suba.
Costa Rica mantiene un déficit en su comercio de bienes y servicios con el resto del mundo equivalente a un 3,3 % del PIB. Eso lo ha podido financiar con creces, año con año, por medio del ingreso de inversión extranjera directa (IED) y de otra naturaleza. En consecuencia, la reserva de divisas fluctúa entre el 12 % y el 14 % del PIB, lo cual es considerado un nivel cómodo y, podríamos decir, prudente.
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Pero no es procedente que el Banco Central recurra al endeudamiento, que no es gratis y apareja pérdidas cuasifiscales, para mantener un nivel muy elevado de reservas que evite (en cierto sentido de manera artificial) que el tipo de cambio sea la variable de ajuste frente a sacudidas macroeconómicas de naturaleza interna o externa.
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