EscucharLa Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) resolvió en definitiva la disputa sobre la fecundación in vitro (FIV). Lo hizo en consonancia con la ciencia y el derecho de las parejas infértiles a la paternidad. El resultado respalda la intervención del Poder Ejecutivo cuando, en atención a la primera sentencia del tribunal internacional, emitió un decreto para permitir el procedimiento.
La resolución de la Corte-IDH reclama a la Sala Constitucional haber pasado por alto oportunidades para despejarle el camino a la FIV luego de la resolución que obligaba al país a permitirla. Los magistrados no habían prohibido el procedimiento. Por el contrario, habían admitido su conformidad con la Constitución siempre y cuando las normas aplicables tuvieran rango de ley. Cosa muy distinta es señalar, como lo hizo la Corte-IDH, que el procedimiento quedó prohibido en la práctica cuando la Sala Constitucional anuló, en el 2000, el decreto que la permitía.
Los magistrados se mantuvieron firmes en su tesis, cuyo alcance va más allá de la FIV. En general, estiman inconstitucional la regulación mediante decreto de materias relativas a los derechos humanos. Es una tesis correcta, protectora de derechos y libertades fundamentales.
En esta ocasión, se produjo un desacuerdo entre los dos altos tribunales sobre el problema concreto de la FIV, en las circunstancias específicas del caso, no sobre la idea de reservar al legislador la regulación de temas relacionados con los derechos fundamentales, dentro de los límites de la Constitución.
Conocido el fallo definitivo y su respaldo a la inmediata aplicación del decreto, sin perjuicio de posteriores actos legislativos, voceros de la Sala IV han manifestado su respeto a la Corte Interamericana y su voluntad de hacerse a un lado. El asunto se resolvió como es debido, con el fallo del tribunal legitimado para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la plena disposición del otro tribunal, la Sala IV, a acatarlo.
El desenlace no es particularmente sorprendente. La disposición a respetar el derecho internacional siempre ha distinguido a Costa Rica y la propia Sala IV ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el valor de las normas relativas a los derechos humanos como elemento integrante del derecho de la Constitución. En la sentencia número 2002-10693, afirmó que “todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos han sido elevados a rango constitucional, y por consiguiente estos deben ser incorporados en la interpretación de la Constitución”.
En la sentencia número 3435-92 y su aclaración, número 5759-93, la Sala IV añadió que “los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”.
A fin de cuentas, los legítimos mecanismos de interpretación de la ley resolvieron el problema de la FIV. Sin embargo, el desenlace pone de manifiesto la ausencia de la Asamblea Legislativa y su incapacidad de responder ante situaciones apremiantes, siquiera para evitarle al país una condena en estrados internacionales.
En el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió un plazo para aprobar la ley reguladora de la FIV. En el 2011, el plazo fue prorrogado por tres meses, pero el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, diputado Óscar Alfaro, recibió la noticia con el anuncio de que el proyecto llevaría “años tramitándose”. “No podemos correr porque necesitamos la mayor cantidad de insumos, no solo técnicos, sino también morales”, añadió. Sus pronósticos no pudieron ser más acertados. A la fecha, el Congreso no ha actuado y si hay posibilidad de practicar la FIV en Costa Rica, se debe a la Corte Interamericana y a la firme apuesta del Poder Ejecutivo cuando emitió el decreto.
