EscucharLa visión de las calificadoras internacionales de riesgo, particularmente sobre la situación fiscal, ya nos pasó la factura. La última emisión de los denominados “eurobonos” será colocada a una mayor tasa de interés. Eso tiene un costo para el país, para el futuro financiamiento externo del sector privado y, en especial, para el Ministerio de Hacienda.
La calificadora Moody’s desmejoró hace unos meses la calificación nacional y le quitó al país el grado de inversión. En enero pasado, Fitch Ratings mantuvo la nota pero puso en negativa la perspectiva de las condiciones económicas nacionales. Standard & Poor’s, en el reciente informe donde no alteró su calificación, señaló, como aspectos negativos, “el déficit fiscal de Costa Rica y el aumento de la deuda del Gobierno Central, debido a las presiones generadas por el crecimiento en el gasto y la carencia de reformas tributarias”. También aclaró que Costa Rica podría perder la calificación en caso de no concretar diversas medidas, incluyendo la reducción de gastos.
La situación fiscal se ha venido deteriorando desde hace años, pero ya adquirió dimensiones peligrosas. El presupuesto ordinario para el año en curso creció nominalmente un 19%, producto de excesivos aumentos salariales y transferencias a las universidades, entre otros. El déficit ha venido subiendo desde un 5,4% del PIB en el 2013, hasta un proyectado 6,6% en el 2016, según el Banco Central, a menos que se reduzca con medidas contentivas del gasto que aún no se perfilan e importantes sectores políticos ponen como requisito indispensable para la aprobación de nuevos ingresos.
Por todas estas razones, la colocación de los nuevos eurobonos, denominados en dólares, sufrió un incremento en las tasas de interés. Eso denota la mayor percepción de riesgo del país y el deterioro de las finanzas públicas. Costa Rica tendrá que pagar, ahora, una tasa del 7,158% anual por la emisión de deuda soberana a 30 años plazo, mientras que el año pasado solo tuvo que ofrecer un 7%. Pagará, entonces, una prima, o premio, de 4,44 puntos porcentuales adicional al rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, que sirve como referencia por considerarse el menos riesgoso.
¿Qué sentido tiene endeudarse en dólares a tan largo plazo, asumiendo todo el riesgo cambiario, si la tasa de interés pagadera será igual a la tasa básica pasiva actualmente exigida para las obligaciones en colones? Si el Gobierno se financiara en el mercado interno y rebajara el gasto público, no subirían las tasas de interés y no tendría necesidad de recurrir al mercado externo.
Si a la tasa de interés en dólares se adiciona otra prima por el riesgo de devaluaciones futuras, la colocación ya no resulta conveniente y, además, tiene el efecto potencial de incrementar el déficit fiscal, amén del nocivo aumento de la deuda pública. A corto plazo, las posibilidades de una devaluación son pequeñas pero, a mediano y largo plazo, cuando suban las tasas de interés en Estados Unidos u ocurran otros eventos, el principal adeudado se podría incrementar fuertemente en colones, y le pasará al fisco una cara factura. En cambio, el endeudamiento en colones tendería a disminuir en términos reales por efectos de la inflación futura.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, aseveró que la colocación “permitirá reducir la presión sobre el mercado cambiario al eliminar la necesidad de adquirir dólares para el pago de deuda”. Es una percepción imprecisa. A corto plazo, la tendencia del mercado cambiario es más bien a la baja. Un mayor endeudamiento externo, de la magnitud involucrada ($1.000 millones), tendría el efecto de presionar las cotizaciones aún más a la baja, en detrimento del sector exportador y de la producción interna que compite con las importaciones. No en vano el Banco Central introdujo en el nuevo programa macroeconómico la posibilidad de adquirir reservas adicionales que, en el fondo, es un espaldarazo para el sector exportador, pues evitaría presiones a la baja por la reducción de los precios del petróleo.
Creemos, en resumen, que la frontera del endeudamiento externo está agotada –o se está agotando– por la mala gestión fiscal del Gobierno. Por ende, la Asamblea Legislativa debe analizar con ojos críticos toda nueva emisión de deuda soberana pagadera en monedas extranjeras, salvo que se produjera una reducción sustancial de gastos. Así lo exige el interés nacional.
