La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una de las instituciones más grandes del país y el valor de sus activos (edificios administrativos, hospitales y clínicas, equipos, vehículos, inventarios de medicinas, obras de arte, etc.) también lo es. Para su protección, la CCSS contrata de tiempo en tiempo pólizas de seguros, como lo hacen muchas empresas nacionales. Mientras la actividad aseguradora en Costa Rica fue monopolio del Instituto Nacional de Seguros (INS), esa entidad fue siempre el asegurador contratado, pero una vez abierto el mercado a la competencia, otras empresas tuvieron oportunidad de participar en las licitaciones publicadas periódicamente por la CCSS para comprar el servicio.
Según informamos recientemente en el artículo titulado “Caja excluye al INS de millonario seguro para su red hospitalaria”, (18/12/2017), en la última licitación solo participaron dos oferentes: el INS y la compañía Oceánica de Seguros. Como el primero cometió un error formal en su oferta, la licitación se le adjudicó a Oceánica que, dicho sea de paso, cotizó un monto más bajo que el INS por la prima de protección.
El caso es digno de análisis por una serie de razones. La primera es el error, un tanto infantil, del INS. Le costó caro fijar en 60 días naturales la vigencia de su oferta cuando el cartel pedía 60 días hábiles. Pero, más que eso, la transacción tiene una serie de aristas que llaman a la reflexión. La primera es que en seguros la adjudicación no se puede basar únicamente en la prima cotizada. Es necesario considerar explícitamente el alcance de la cobertura ofrecida, (deducibles, coaseguros, exclusiones y otras condiciones de aseguramiento). También cuenta muchísimo la solvencia del asegurador. Oceánica de Seguros tiene un patrimonio ínfimo al comparársele con el monto global de la póliza objeto de análisis, que es de $2.000 millones. Eso obligó a la empresa a buscar protección de la totalidad del monto asegurado con reaseguradores, según informó la Auditoría Interna de la CCSS.
A fin de cuentas, el asegurador de los activos de la CCSS no es Oceánica, sino sus reaseguradores en el exterior, quienes, si bien tienen relación contractual con Oceánica, no la tienen con la CCSS. Para todo efecto práctico, Oceánica actúa como un corredor de esas reaseguradoras, por lo que obtiene una comisión, y no como un asegurador primario. Esto, que en la jerga se denomina fronting, está prohibido en muchos países, mas no en Costa Rica.
Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, lo confirmó y señaló que ellos hacen un monitoreo constante de la situación financiera de Oceánica de Seguros, pues la póliza es muy importante para la Caja. Sin embargo, aunque el asegurador primario se vea sólido, lo realmente importante es la calidad del o los contratos de reaseguro que protegen los activos de la Caja, así como la solvencia de los reaseguradores. En otras palabras, se está frente a una situación de gran incertidumbre y los activos de la CCSS podrían no tener la protección necesaria.
Los activos asegurados por la CCSS están dispersos y son de diversa naturaleza, por lo que se trata de un riesgo bastante atomizado. La posibilidad de que un solo evento produzca un daño por los $2.000 millones asegurados (exceptuando el caso extremo de un violento terremoto que afecte a todos por igual) es baja. Pero sí pueden darse pérdidas parciales por montos elevados, que superen notablemente el patrimonio de la aseguradora Oceánica y obliguen a recurrir al reaseguro.
Casos tan importantes como este deben ser objeto de cercano seguimiento por la Superintendencia General de Seguros (Sugese), pues caen en el área típica de la supervisión basada en riesgos que la institución puso en práctica. Se trata de un campo muy técnico donde confluye la necesidad de conocimientos legales y, sobre todo, los de seguros. Por el interés general, por el de la Caja y por la estabilidad del sistema, este caso no debe ser tratado a la ligera.
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