EscucharEl Ministerio de Vivienda disputa los cálculos de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) sobre el impacto de los trámites en el costo final de las casas de interés social. Según Fuprovi, el costo burocrático puede llegar hasta ¢3 millones, un 15% del precio total. El ministro Rosendo Pujol considera el cálculo exagerado. Nadie, sin embargo, cuestiona frontalmente la existencia de un costo importante y el propio ministro promete reducirlo, el año entrante, mediante la adopción de procesos más ágiles.
El gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Bahnvi), Luis Montoya, defendió los procedimientos necesarios para cumplir la obligación de velar por la calidad de las viviendas y la buena inversión de los recursos públicos. También señaló la necesidad de cumplir las recomendaciones de los órganos de control.
La construcción de viviendas de interés social ha sido fuente de constantes escándalos, tanto por la mala asignación de la ayuda estatal como por los proyectos fallidos, con resultados lamentables para los beneficiarios. Desde sus inicios, el sistema ha estado plagado por la interferencia política y la avidez de ganancias excesivas. La compra de terrenos, las deficiencias en la construcción y la búsqueda de réditos políticos se han manifestado una y otra vez a lo largo de las décadas.
El Ministerio encara presiones de grupos difíciles de resistir: algunos desarrolladores, muchos políticos y los propios aspirantes al beneficio ejercen influencia frecuentemente incompatible con los mejores intereses públicos. El sistema necesita orden y regulación tanto como autonomía y fortalecimiento de sus recursos técnicos. Imponer lineamientos en la dirección correcta ha costado el cargo a varios ministros, algunos de ellos empujados por dirigentes de sus propios partidos. El país ha presenciado, en diversas administraciones, el espectáculo de una fracción legislativa oficialista enfrentada con un ministro rebelde, empeñado en poner orden.
El Ministerio y las instituciones del sector no deben renunciar a ejercer los controles necesarios. En eso llevan razón sus responsables. Pero tampoco es aceptable convertir la fiscalización en un pantano capaz de atrasar la construcción más allá de lo estrictamente necesario, para no sumar costos excesivos a los proyectos. El Ministerio debe procurar el equilibrio.
El ministro Pujol promete un paso importante en esa dirección para el año entrante, cuando el sector adopte trámites más ágiles. “Estamos haciendo esfuerzos por destrabar proyectos. La gente no reconoce la dificultad que implica el cambio”. Vivienda es uno de los sectores donde el cambio es más necesario. El año entrante, el ministro cumplirá dos años en el cargo. Es un plazo razonable para mostrar los primeros resultados y, si lo consigue, la espera habrá valido la pena.
Según Fuprovi, el Bahnvi tarda hasta un año para aprobar el financiamiento de los proyectos sometidos a su consideración, aun cuando se plantean con respaldo de las entidades autorizadas del sistema y, en algún caso, la tramitomanía causó demoras hasta de cuatro años. Es difícil aceptar que semejantes plazos sean indispensables para garantizar la calidad del producto.
Eloísa Ulibarri, directora ejecutiva de la fundación, atribuye buena parte de los costos excesivos a la duplicación de funciones y procesos en el Bahnvi. Según dijo, las entidades autorizadas tardan un par de meses en aprobar los proyectos, pero el Banco añade entre ocho y doce meses al trámite porque hace la revisión desde cero.
Más allá de las discrepancias entre la Fundación y el Ministerio sobre el peso de los trámites en el costo y duración de los proyectos, las quejas son atendibles, en especial tratándose de una materia de tan alto impacto social. Por esa misma razón, los controles son indispensables. Falta hacerlos eficientes, como lo promete el ministro.
