No sabemos a ciencia cierta las razones del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, destacado líder indígena y defensor de los derechos de la población autóctona sobre las tierras de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. Conocemos, en cambio, la violencia ejercida contra el pueblo bribri en el marco de la disputa por sus terrenos ancestrales, en muchos casos transferidos por el Estado a colonos del Valle Central.
Horas antes del homicidio perpetrado a balazos, Rojas había acompañado a dos indígenas a la Fiscalía de Buenos Aires, precisamente para presentar una denuncia por amenazas. La Policía no ha establecido vínculos entre el homicidio y la denuncia, pero el caso ejemplifica las constantes tensiones en la zona y sus manifestaciones violentas. Según la Defensoría de los Habitantes, los indígenas denunciaron haber sido objeto de intimidación mediante detonaciones para que abandonaran tierras recuperadas.
Todo apunta a la prolongada disputa por tierras como móvil del homicidio. La propia Defensoría señaló la exposición de los indígenas a las “discriminaciones, ofensas, agresiones y ahora al asesinato”. Es necesario esclarecer el crimen más allá de cualquier duda porque la demostración de las bien fundadas sospechas añadirá sentido de urgencia a la solución de un problema demasiado dilatado.
El Estado contribuyó a crear el conflicto con intervención de instituciones encargadas de resolver los problemas relacionados con la tenencia de la tierra, como el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). Ahora, incumple acuerdos adoptados en los procesos de diálogo mediados por la Defensoría, según esta última entidad. Por otra parte, las acciones gubernamentales frente a la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en resguardo de la vida y derechos de los indígenas no han sido eficaces. La administración Solís elaboró un protocolo para concretar la protección, pero no ha sido aplicado a plenitud.
El presidente, Carlos Alvarado, ordenó al Ministerio de Seguridad Pública colaborar con la Policía Judicial para esclarecer el homicidio y le solicitó brindar protección a los familiares del dirigente asesinado. La embajada costarricense en la Organización de Estados Americanos rendirá un informe ante los órganos pertinentes del sistema interamericano y la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia enviará funcionarios a estimular y conducir el diálogo.
Todas son reacciones importantes, pero ninguna contiene la solución al problema de fondo. Hay tierras indígenas ocupadas por otras personas, convencidas de estar a derecho y, en muchos casos, con la documentación necesaria para argumentarlo. Ya se pierden en la memoria las verdaderas motivaciones y las irregularidades detrás del otorgamiento de algunos de esos títulos. Existen, además, los oportunistas empeñados en sacar provecho de la turbulencia. Esa es la cuestión y la resolución del conflicto exige acciones mucho más enérgicas y constantes.
La presencia policial podrá mantener el orden mientras dure y esté a la altura de las amenazas. Los esfuerzos por estimular el diálogo y resolver la situación por medios alternativos contribuye a aliviar tensiones, pero se corre el riesgo de perder credibilidad si los acuerdos no se concretan y los participantes quedan en espera de resultados. La solución permanente depende del ordenamiento de la tenencia de la tierra con respeto a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. El país ha resuelto problemas similares en el pasado y no puede ser indiferente ante crímenes y abusos como los perpetrados contra la población bribri.
