El cantón central de Puntarenas corre el riesgo de duplicar este año la cantidad de homicidios en comparación con el 2020, según proyecciones hechas utilizando datos correspondientes a los primeros 99 días del 2021. Entre el 2015 y el 2020, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 11,5 a 30,7.
La mayor parte de esas muertes, como en todo el país, se debe a pugnas entre narcotraficantes; sin embargo, las causas de fondo están en la profunda crisis económica y social. El 84 % de los delitos cometidos en el cantón central suceden en El Roble, Barranca y Chacarita, precisamente las zonas más afectadas por la baja calidad de vivienda, el hacinamiento, escasa escolaridad y falta de oportunidades. La relación de esos factores con la delincuencia es obvia.
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El progresivo deterioro económico y social se correlaciona, en el tiempo, con el incremento en el número de homicidios. En el 2015, hubo 8 asesinatos y en el 2020, en plena pandemia, 43. Este año, en los primeros 99 días, la cifra alcanza 21; más del doble del total habido en el 2015.
La más reciente alerta salió del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), preocupado por el futuro inmediato. El papel del narcotráfico es de primer orden. Por el Pacífico costarricense pasan grandes cantidades de drogas y muchos pescadores puntarenenses se han involucrado en la actividad ilícita, pero también hay elevados índices de delitos contra la propiedad, posesión ilegal de armas, violencia intrafamiliar y otras agresiones.
Cuando Walter Espinoza, director del OIJ, llama a hacer «algo» para evitar una «matacinga» y que la situación se descomponga «más de la cuenta», no se refiere a fortalecer la prevención y represión del delito por medios exclusivamente policiales, sino a la atención de los factores subyacentes.
La pandemia descarriló iniciativas fundamentales, como el programa diseñado junto con la Policía de Colombia (Sembremos Seguridad) para intervenir 23 puntos especialmente conflictivos con ayuda de la municipalidad, instituciones gubernamentales, empresa privada, centros educativos y organizaciones comunales. Al mismo tiempo, la covid-19 profundizó los problemas económicos y sociales.
La alarmante tasa de homicidios, y en general la ola delictiva, llama a retomar los programas de asistencia, mas eso no basta. Nuestros dos grandes puertos registran altas tasas de desempleo y requieren considerables inversiones en infraestructura para impulsar sus economías. El presidente, Carlos Alvarado, encargó a sus vicepresidentes la atención de esas necesidades; no obstante, poco se ha progresado. La pandemia afecta todo. Es un hecho innegable, pero en lo que respecta a Puntarenas, y en buena medida a Limón, ni siquiera parece haber avance en la mesa de dibujo.
El país está urgido de un plan maestro para la recuperación de sus ciudades porteñas, por no decir de las provincias costeras. No basta la presencia de la policía y del Estado asistencialista. Hace falta una estrategia de desarrollo, estímulos a la inversión y la contratación de mano de obra. Ahora que tanto se discute el peso de las cargas sociales sobre el empleo, cabe preguntarse si existe impedimento para iniciar un programa de ajuste, con la debida celeridad, en los cantones centrales de las provincias costeras.
Los promotores de la inversión en nuestro país se esfuerzan por dirigir cuanta sea posible hacia esas zonas, pero necesitan más argumentos y es obligación del Estado proporcionárselos. Esa es la tarea relevante para el gobierno, los encargados de atender la grave situación y las instituciones locales, cuyas iniciativas también se echan de menos.
