EscucharLa intensa pugna entre Estados Unidos y China, que abarca varios ámbitos y geografías, se ha manifestado con creciente intensidad en nuestro país, sobre todo alrededor de las telecomunicaciones y la ciberseguridad. La suponíamos en parte saldada con el decreto ejecutivo emitido el 31 de agosto de 2023, que excluyó a la empresa china Huawei como posible proveedora de tecnología 5G, la más avanzada para las redes digitales.
Todavía existen dos acciones en curso contra la medida: una en la Sala Constitucional y otra en la jurisdicción Contencioso Administrativa. La tercera, también en este ámbito, fue resuelta hace pocos días contra las pretensiones de Huawei de que se anulara un reglamento que consideraba perjudicial. Pero la decisión política fue tomada hace año y medio a favor de los estadounidenses, y los pendientes están en otro ámbito –el judicial–, que goza de total independencia.
A lo anterior hay que sumar la cooperación bilateral para mejorar la seguridad de redes y servicios digitales, en particular dentro del sector público, la cual, según fuentes de ambos gobiernos, ha sido amenazada con regularidad desde organizaciones basadas en China.
La Embajada china en nuestro país lo ha negado reiteradamente. Además, ha denunciado lo que considera una intervención indebida de Estados Unidos en las decisiones del gobierno, y ha divulgado inquietudes que atribuye a inversionistas chinos, por un presunto ambiente de incertidumbre, y hasta hostilidad en su contra.
En un escenario como este, el debate es inevitable, y sigue abierto. Desde el comienzo, nos hemos manifestado contra la participación de Huawei en la licitación, por tres razones esenciales: sus nexos con el gobierno de Pekín, sus prácticas de negocio poco transparentes y el perjuicio que, de autorizarla, implicaría para las inversiones de empresas estadounidenses aquí.
Otras organizaciones y personas, por razones diversas, tienen opiniones diferentes; entre ellas, están las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista, quienes se han manifestado contra la prohibición y han tenido contactos con representantes de Huawei.
La primera ha defendido sus criterios con vehemencia, ha discrepado frontalmente con la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, y ha denunciado amenazas en su contra. Pero no existen siquiera indicios de que alguna de ellas haya actuado en contra de la ley. Lo que han hecho es ejercer sus derechos como ciudadanas y legisladoras. Han actuado con mandatos democráticos legítimos y dentro del marco normativo vigente.
Por esto, la decisión de despojarlas de sus visas para ingresar a Estados Unidos, tomada por su Departamento de Estado el 15 de enero y comunicada el miércoles en escuetos mensajes idénticos a ambas, no solo es un acto impropio, sino también un irrespeto a los procedimientos de nuestra democracia y a la soberanía de Costa Rica. Se acrecienta por venir de un país que, como el nuestro, se adhiere a esos principios, y por los estrechos vínculos que mantenemos.
No discutimos las potestades de un Estado para decidir a quién admite o no en su territorio. Lo que no solo discutimos, sino que objetamos frontalmente, es que esta decisión no responda a razones legítimas y transparentes, sino a intentos por sancionar actitudes y actuaciones de personas elegidas democráticamente para impulsarlas.
En declaraciones durante una breve visita a nuestro país, el 4 de febrero, el secretario de Estado Marco Rubio apoyó la prohibición a Huawei, vinculó a China con los ciberataques a instituciones nacionales y calificó a su gobierno como uno “al que le gusta amenazar, al que le gusta sabotear, al que le gusta utilizar la coerción económica para castigar”. Suscribimos sus palabras.
Sin embargo, casi de seguido declaró su disposición a “trabajar” con el gobierno “para imponer costos a aquellos que dentro del país utilizan sus posiciones de autoridad para socavar los intereses del pueblo de Costa Rica a favor de un actor extranjero maligno”. Cuáles son esos intereses, y de qué modo se erosionan, no es algo que corresponda decidir a otro país, sino a las instituciones competentes de Costa Rica.
Que, 15 días después, se les anunciara a las diputadas Obando y Córdoba la cancelación de sus visas, deja en evidencia que la velada amenaza de Rubio era, más bien, el anuncio de la decisión tomada por el gobierno de Joe Biden, tan preocupado por China como el de Donald Trump. Incluirlas implícitamente en la categoría de quienes desean “socavar” nuestros intereses, incrementa la temeridad de la decisión.
Aunque con ambas tenemos diferencias sobre el tema, reprobamos la arbitraria represalia en su contra. Tal como dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, es un acto que ensombrece nuestros vínculos con el gobierno de Estados Unidos. Lo deploramos.
