EscucharEl lunes 8 de este mes, la secretaria (ministra) de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, anunció que su país no extenderá nuevamente a alrededor de 200.000 salvadoreños el “estatus de protección temporal” (EPT) que les ha permitido vivir y trabajar legalmente en ese país desde inicios del 2001. La medida comenzará a ejecutarse en setiembre del 2019, pero su divulgación ya ha creado una enorme y justificada incertidumbre entre esa población, sus familiares y el resto de sus compatriotas. Aunque tiene fundamento legal, la decisión es cruel y torpe.
Es cruel, por su devastador impacto en la vida de centenares de miles de seres humanos. Con enorme esfuerzo y trabajo, esos 200.000 salvadoreños han reconstruido sus vidas en Estados Unidos y envían importantes remesas para mantener precariamente a familiares en El Salvador. Según el Centro para Estudios Migratorios, son padres y madres de 192.000 niños nacidos en territorio estadounidense, lo cual implica una trágica disyuntiva: o separarse de ellos para que puedan seguir viviendo en su país de nacimiento o llevárselos hacia un destino extremadamente incierto. Cuando se vean forzados a regresar, difícilmente tendrán posibilidades de reinsertarse de forma medianamente digna en el mercado laboral; por esto, casi con certeza, se sumirán en la pobreza y la exclusión, con dos agravantes: desarraigo y frustración.
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La medida, además, es torpe, porque el demoledor impacto psicológico y material que tendrá sobre el vecino país ese retorno masivo, así como la disminución sustancial en las remesas –que, en total, representan el 17 % del producto interno bruto de El Salvador– agudizará severamente sus profundos desafíos económicos y sociales. Es casi seguro que un shock de tal magnitud exacerbará muchas de las condiciones que explican la violencia salvadoreña; más aún, tendrá graves repercusiones en el resto de Centroamérica, sobre todo, por el contagio de la violencia.
A lo anterior hay que añadir otro factor: el pasado noviembre se anunció que también 2.500 nicaragüenses perderán el estatus de protección temporal y tendrán hasta enero del próximo año para regresar a su país. Muy pronto, además, sucederá algo parecido con un número indeterminado, pero mucho mayor, de hondureños. No hay que ser un estratega para darse cuenta de que todo empeorará la inseguridad en Centroamérica y generará condiciones más propicias para el trabajo de la delincuencia organizada, con graves consecuencias tanto para los países directamente involucrados como para Estados Unidos. Costa Rica también podrá verse afectada.
Reconocemos que todo país tiene derecho a establecer su política migratoria; de aquí la legalidad de la medida. También debemos tomar en cuenta que el EPT, establecido por una ley aprobada en 1991, durante la administración de George H. Bush, tiene como propósito permitir que extranjeros indocumentados puedan permanecer en Estados Unidos cuando algún desastre ocurre en sus respectivos países y que la protección se extiende hasta que el efecto de esos eventos haya desaparecido.
Técnicamente, tanto El Salvador como Honduras y Nicaragua ya han superado el destrozo directo de los fenómenos naturales generadores de la concesión del estatus a miles de sus nacionales. Sin embargo, las condiciones generales prevalecientes en los tres países, particularmente los dos primeros, no son necesariamente mejores que hace una década o más; en materia de violencia, incluso se han deteriorado. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, desde que se les concedió el EPT a los salvadoreños, en el 2001, se otorgaran 11 extensiones de tal categoría; la última se produjo el año pasado.
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Si hubiera un clima propicio en Estados Unidos para una reforma migratoria integral, que logre poner orden, con sentido humano y elemental inteligencia, a este y otros desafíos, quizá los centroamericanos afectados podrían adoptar una nueva y más estable condición antes del vencimiento de los plazos. Pero ocurre lo contrario: un ambiente antiinmigratorio, generado desde la propia Casa Blanca y una gran intransigencia política para concertar acuerdos legislativos. El panorama, por tanto, es en extremo sombrío y decepcionante, y las esperanzas de un buen desenlace, remotas.
