Este martes culminó la segunda de varias etapas de un proceso penal que reviste enorme trascendencia para nuestra institucionalidad y democracia. Ese día, por primera vez en la historia nacional, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad a un presidente en ejercicio –Rodrigo Chaves– y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, para que afronten una causa penal.
Por una votación de 15 a favor y siete en contra, sus magistrados estimaron que existen razones suficientes para dar curso a la acusación que, tras la fase de investigación, presentó el 7 de abril la Fiscalía General de la República en contra de ambos funcionarios públicos. En parte fue activada por Los audios de la Presidencia, grabaciones realizadas por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, que reveló La Nación.
A ambos les atribuye el presunto delito de concusión, en un contrato por $405.800 pagado con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según el artículo 355 del Código Penal, lo comete “el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
Lo que corresponde ahora, como parte de un proceso definido con total precisión y garantías para los acusados, es que el Congreso, de acuerdo con su Reglamento Interno, decida si levanta el fuero que protege a los miembros de los Supremos Poderes. En tal caso, el juzgamiento estará a cargo de la más alta instancia jurisdiccional del país en materia penal: la Sala Tercera de la Corte.
El mismo curso deberá seguir una segunda acusación, presentada el 23 de junio, a partir de hechos más graves: la presunta violación de normas electorales mediante una estructura paralela para financiar la campaña de Chaves. En ella, además del presidente, aparecen como imputados el primer vicepresidente, Stephan Brunner; el canciller Arnoldo André; las diputadas Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera, y su colega Waldo Agüero, elegidos por el partido oficialista, Progreso Social Democrático (PPSD).
Más allá del desenlace que lleguen a tener estos y otros procesos similares, su activación revela algo de lo que todos los costarricenses debemos sentirnos orgullosos, y también proteger: en una república democrática como la nuestra, ninguna persona está por encima de la ley, porque todas tenemos igualdad ante la justicia.
Es algo muy distinto a la arbitrariedad vigente en otros países de nuestra región, en particular El Salvador y Nicaragua. Lo destacó el periódico nicaragüense La Prensa, que se produce en el exilio, en una publicación del 26 de junio, titulada “Chaves, imputado; Ortega, intocable”. En ella contrasta el obligatorio sometimiento a la justicia del presidente costarricense con la total impunidad del dictador nicaragüense por las innumerables atrocidades que ha cometido.
Preservar activo este rasgo esencial de nuestro sistema jurídico resulta vital. Por esto, tal como lo han hecho hasta ahora, las instancias encargadas de tramitar el caso contra Chaves y Rodríguez, y otros que puedan seguir, deben actuar con el mayor rigor, independencia y objetividad; también con firmeza ante los sistemáticos e inaceptables ataques del presidente y sus operadores contra la Fiscalía y el sistema judicial en general.
Resulta de sobra evidente que su propósito es, en lo inmediato, entorpecer el curso de la justicia en todo lo que los afecte y, así, tratar de generar impunidad. Sin embargo, también los anima un afán de debilitar la separación de poderes y concentrar el máximo de discrecionalidad posible en el Ejecutivo. Hasta ahora no han tenido éxito, pero, conforme avancen más los procesos y, además, se aproximen las elecciones, es muy probable que recrudezca su arremetida.
La decisión de la Corte Plena fue histórica; también lo será la votación que, tras el informe de una comisión, deberá realizarse en el plenario legislativo para el levantamiento de la inmunidad. Esperamos que supere los 38 votos requeridos para proceder. No se trata, en ese caso, de una sentencia, sino de abrir la puerta para que Chaves y Rodríguez sean llevados a juicio. La decisión final dependerá entonces del análisis de las pruebas y del contraste entre los argumentos de la Fiscalía y la defensa.
Nuestras instituciones son sólidas, pero no podemos darlas por descontadas, menos frente a ataques desde las más altas instancias del poder político. De ahí la importancia de que actúen con apego a sus mandatos.
