EscucharCuando anunció, en cadena nacional, la investigación abierta por el Ministerio de Hacienda contra el periódico digital El Faro por lavado de dinero, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que la dependencia estatal le estaba pidiendo los documentos al medio de comunicación «como se los pide a cualquier empresa». El cinismo de la declaración a nadie engaña. La investigación abierta contra «cualquier empresa» no se anuncia mediante cadena nacional.
El Faro no está solo entre los medios dispuestos a asumir riesgos para denunciar la creciente inclinación autoritaria del mandatario. Tampoco es el único blanco de sus ataques. El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y El Mundo, entre los periódicos impresos, y varios más entre los digitales, son criticados con frecuencia y virulencia.
La confrontación con la prensa es un delator, a menudo tempranero, de las aspiraciones autoritarias, no importa el signo político de quien las alberga. Parlamentarios afines a Bukele advirtieron a los periodistas de El Faro sobre su destino a una «celda incómoda» cuando revelaron las negociaciones entre el gobierno y la sanguinaria Mara Salvatrucha para reducir la criminalidad de cara a las elecciones municipales del 2021.
Los periodistas críticos son seguidos y fotografiados en sus casas con la clara intención de intimidarlos y provocar la autocensura. Al acoso y las amenazas se suma una campaña constante de descrédito contra los medios de comunicación y los informadores, con participación de miembros del gabinete y legisladores alineados con el presidente.
Bukele llegó al poder con amplia mayoría y no tardó en manifestar sus inclinaciones autoritarias. En febrero, cuando los diputados se negaron a aprobar un préstamo por $109 millones para financiar la estrategia de seguridad, el presidente irrumpió en el Parlamento acompañado de soldados y policías para declarar abierta una sesión legislativa por «derecho divino».
La Corte Suprema de Justicia tampoco escapa a los ataques del mandatario. Cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron tildados de «hipócritas y malos abogados» en cadena de televisión. Sus sentencias fueron calificadas de «espurias» por oponerse a caprichos del presidente.
Una y otra vez Bukele rechaza comparaciones con una dictadura. Al día siguiente de su irrupción en el Congreso, manifestó que si su intención fuera esa habría tomado el control de todo el gobierno en el acto. Si fuera un dictador, afirmó durante la confrontación con los magistrados, los habría fusilado en lugar de criticarlos. La «magnanimidad democrática» de Bukele, capaz de permitir a regañadientes el funcionamiento del Congreso y de inhibir el fusilamiento de jueces, debió llamar la atención internacional con más fuerza.
La pandemia y las violaciones de los derechos humanos en naciones cercanas puede haber distraído las miradas, pero los acontecimiento en El Salvador son graves. Congresistas estadounidenses de ambos partidos han mostrado preocupación por el deterioro del Estado de derecho y organismos de defensa de los derechos humanos denuncian los atropellos cada vez con más firmeza.
El ejercicio libre del periodismo ha sido fundamental para alertar al país y al mundo de los impulsos autoritarios del gobierno. Inevitablemente, los medios independientes continuarán siendo objeto de ataques y amenazas a consecuencia del fiel cumplimiento de sus obligaciones. La constante vigilancia de la comunidad internacional es indispensable para limitar los riesgos e impedir un retroceso todavía mayor en la afligida nación hermana.
