El Premio Nobel de la Paz le fue otorgado este año a una persona que, como pocas, se ha dedicado durante una pródiga y retadora vida a “promover la paz y la justicia internacional”. Celebramos la decisión.
Así lo manifestó, el pasado viernes 9 de octubre, el Comité Noruego, al anunciar la designación de la destacada jurista sudafricana Navanethem –o Navi– Pillay, como galardonada. El premio reconoce que sin justicia será en extremo difícil alcanzar y mantener la paz y, sin esta, el respeto al derecho se diluirá en medio de los conflictos, las agresiones y las arbitrariedades.
“En una época de desafíos existenciales, incluyendo más guerras y conflictos que los experimentados por el mundo en muchos años, el derecho internacional ya no es más un suplemento de la paz y la seguridad. Es una absoluta necesidad”, dice el texto del anuncio, leído en Oslo. El jurado destacó, además, que el compromiso de Pillay “con los principios legales universales y su firme brújula moral han sido constantes” durante su carrera.
Esta se inició en medio de la segregación (apartheid) sudafricana, cuando imperaba una política explícita de discriminación por el color de la piel. Pillay nació en una familia obrera de la etnia tamil, originaria de la India, y creció en medio de enormes barreras y dificultades. Sin embargo, logró superarlas gracias a su talento, valentía y esfuerzo, hasta convertirse en una destacada abogada defensora de los derechos humanos en su país.
Defendió, entre otros presos políticos, a Nelson Mandela, líder pacifista de la mayoría negra y padre de la moderna Sudáfrica. En 1995, tras el fin de la segregación, sirvió como magistrada en su Corte Suprema. Cuatro años después, integró el tribunal especial creado por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas en Ruanda.
Su labor en ese órgano fue esencial para incorporar al derecho penal internacional el empleo de la violencia sexual y las violaciones en conflictos armados como crímenes contra la humanidad e instrumentos de genocidio. Como jueza en el Tribunal Internacional sobre la ex Yugoslavia, nuestra compatriota Elizabeth Odio desarrolló la misma línea, y ambas colaboraron extensamente hacia tal fin.
Los tribunales que integraron, además, dieron gran impulso a los conceptos que sirvieron de base para el avance del derecho penal universal, y estimularon la creación, en 1998, de la Corte Penal Internacional (CPI), que comenzó sus funciones cuatro años después. Pillay y Odio coincidirían en ella, como parte de su primer grupo de jueces, hasta 2008 y 2012, respectivamente.
A partir de 2008 y hasta 2014, la hoy Nobel de la Paz se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese cargo, como en los anteriores, tuvo una destacada labor. En 2019 asumió como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia, en un caso con acusaciones de genocidio en Myanmar.
Su más reciente responsabilidad fue presidir, a partir de 2021, la Comisión de Expertos Independientes establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar la situación de los territorios palestinos. Su informe, en 2025, fue concluyente. Determinó que “las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han cometido y continúan cometiendo” acciones que se enmarcan en cuatro de los cinco actos que configuran un genocidio, de acuerdo con el derecho internacional. El gobierno de Israel lo ha negado enfáticamente, pero muchos expertos avalan el mismo criterio.
Su protagonismo, en este caso y como jueza de la CPI, le ha valido a Pillay fuertes ataques, tanto de Israel como de Estados Unidos, y de gobiernos autocráticos diversos. Pero ella ha seguido guiándose por los principios del derecho internacional de los derechos humanos y las garantías del debido proceso al investigar posibles violaciones. Esto es lo que ha reconocido el Nobel. Al hacerlo, trasciende a la persona, que de sobra lo merece, y se convierte también en acicate para quienes, al igual que ella y desde otras posiciones y contextos, impulsan los mismos propósitos.
Resulta decepcionante y paradójico que, el mismo día en que se otorgó el Nobel de la Paz a Pillay, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a la CPI de “deshonesta” y anunció la imposición de draconianas sanciones contra ese indispensable tribunal internacional y sus jueces. El objetivo de su gobierno es destruirlo. La intensa campaña para alcanzar tal propósito riñe directamente con el impulso a la paz y el ejercicio de la justicia penal internacional, más necesario que nunca en esta época de guerras y atrocidades.
Pillay ha estado, como pocas personas, a la vanguardia de ese impulso. Su merecido premio demuestra que el Comité Nobel Noruego es también parte de esa lucha.