De manera inesperada, y pese al rechazo de su Corte de Constitucionalidad, amplios sectores de la sociedad civil y los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda ronda presidencial el 11 de agosto, el gobierno guatemalteco firmó el viernes un cruel acuerdo migratorio con el estadounidense. Su componente esencial es asumir la condición de “tercer país seguro”, un artilugio lingüístico para encubrir de lo que se trata realmente: obligar a los migrantes salvadoreños y hondureños, que se dirigen hacia Estados Unidos con la intención de recibir asilo, a que primero traten de obtenerlo en Guatemala; de lo contrario, serán devueltos a este país una vez hayan ingresado a territorio estadounidense.
El acuerdo ha sido el penoso resultado de fuertes e ilegítimas presiones de Donald Trump y de un gobierno guatemalteco sumamente desgastado y dispuesto a ceder sin vergüenza alguna. Las más recientes amenazas consistieron en anunciar un gravamen a la importación de productos y a las remesas guatemaltecas, y una reducción de la ayuda para el desarrollo si no se alcanzaba el arreglo impulsado por la Casa Blanca.
Exigir a Guatemala, a pesar de su extrema inseguridad, violencia, pobreza y exclusión, convertirse en un “tercer país seguro”, es una burda ficción; contradice toda lógica legal, económica y social, además de atropellar su soberanía. De lo que se trata, simple y llanamente, es de convertirla en una zona de contención para desestimular la presión migratoria, a pesar del costo humano que esto impondría. Lo mismo ha pretendido Trump que haga México en relación con los guatemaltecos, pero sus autoridades hasta ahora se han negado.
Inicialmente, a pesar de la disposición del presidente Jimmy Morales de acceder a las exigencias, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca dispuso que todo acuerdo binacional para ejecutar la condición de “tercer país seguro” debe ser aprobado por el Congreso. No obstante, Morales decidió seguir adelante de forma unilateral y su ministro del Interior firmó el acuerdo en la Casa Blanca.
Este lamentable desenlace se origina en un nuevo endurecimiento en la política estadounidense de asilo, que su presidente anunció el 15 de este mes y entró en vigor el día siguiente. La modificación, violatoria de pactos internacionales suscritos por Estados Unidos, e incluso de legislación vigente en el país, dispone que solo migrantes que han fracasado oficialmente en su petición de asilo ante otros países (los “terceros seguros”) o han sido víctimas de “severo” tráfico humano pueden solicitar tal condición ante las autoridades estadounidenses. Hasta ahora, la política, en línea con las buenas prácticas, había sido que tal solicitud se planteaba dentro de su territorio, tras lo cual se abría un proceso para decidir si se admitía o negaba; las personas eran liberadas por las autoridades migratorias mientras se tomaba la decisión al respecto, que duraba varios meses y hasta años.
Sin duda, la lentitud de los trámites, y el hecho de que, entretanto, los migrantes tenían la oportunidad de desaparecer del escrutinio oficial y dedicarse a trabajar irregularmente, ha sido un inconveniente estímulo para la ilegalidad. Pero la forma de combatirla no es el tipo de iniciativas impulsadas por Trump, sino la puesta en práctica de trámites más expeditos y un mejor rastreo de los solicitantes. El miércoles 24 la medida fue suspendida por un juez federal en California, aunque otro en Washington D. C. la avaló. Mientras se resuelve el conflicto judicial, ha quedado congelada.
Las amenazas contra Guatemala, en cambio, sí cumplieron plenamente su propósito, con dos agravantes adicionales a los costos ya mencionados: generar una nueva crisis de constitucionalidad, la cual en nada beneficia a sus instituciones, y haber vulnerado, mediante las amenazas arancelarias sin justificación, la seguridad jurídica del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
Adicionalmente, el jueves un alto funcionario estadounidense dijo en Guatemala que Trump pretende suscribir acuerdos migratorios con el resto de los países centroamericanos. Una razón de más para preocuparnos por las tendencias y tácticas de su administración.