EscucharEl 2019 nos recibe con tres noticias sumamente preocupantes en el campo económico. Las tres las recoge nuestra edición del 3 de enero.
La primera es que el déficit fiscal del 2018 podría superar el 7 % del tamaño de la economía (PIB), a pesar de que el Ministerio de Hacienda atrasó —en un monto cercano a los ¢12.000 millones— la ayuda a los pobres canalizada mediante programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Al tener el cálculo del déficit una base de efectivo, no devengado, el atraso contribuye a reflejar una cifra inferior a la debida, pero aumenta los compromisos de gasto para el 2019. Por el lado del impacto social de dicho atraso, debe tenerse en cuenta que unos 350.000 pobres enfrentaron problemas en diciembre. Sufrieron los beneficiarios de programas como la Red de Cuido Infantil y de becas de Avancemos, entre otros. Como señaló Rodrigo Araya, asesor económico de la Unión de Redes de Cuido, a los maestros que bloqueron las calles sí les pagaron los salarios. Pero a esos niños de familias en pobreza extrema no.
También la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se refirió al crecimiento probable de la economía nacional en el 2018 en un 2,7 %, cifra más baja de lo previsto inicialmente, del 3,2 %. En parte, factores externos como la situación de Nicaragua influyeron en los números; pero también lo hicieron circunstancias internas, como las huelgas en el sector público.
La combinación de bajo crecimiento económico con altas y crecientes tasas de interés sobre la deuda pública —razones detrás de la baja en la calificación de nuestro riesgo soberano hecha por entidades como Standard and Poor’s y Moody’s— atentan seriamente contra el ordenamiento fiscal.
Es necesario tomar, rápidamente, medidas para reactivar la economía: mediante la educación dual a fin de preparar a los jóvenes para el trabajo, la activación de la figura de concesión de obra pública a la iniciativa privada, la eliminación de trámites innecesarios, etc., y tratar de que crezca, cuando menos, a la misma tasa que la de los intereses. Si no se logra, el esfuerzo por recortar gasto público en el futuro deberá ser más grande. Sobre este asunto, el ministro sin cartera André Garnier, a quien corresponde la coordinación de la labor del gobierno con el sector privado, tiene un extraordinario reto para este año.
La otra noticia de impacto es que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) un aumento del 20 % en las tarifas de luz para sus 775.000 abonados, aunque la inflación del 2018 ronda el 2 % y en enero de este año comenzó a regir un incremento tarifario del 8 %. El ICE deja la impresión de operar en otro país, no en Costa Rica.
Si en el 2019 las familias costarricenses deberán soportar el incremento en la carga tributaria, entre otras razones, debido a la extensión del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a una cantidad considerable de servicios, posiblemente alzas en el tipo de cambio y en las tasas de interés, la solicitud de incrementos tan elevados en las tarifas de sus servicios, hecha por el ICE, es sumamente preocupante.
La estructura administrativa y las finanzas del Grupo ICE deben ser objeto de revisión crítica por parte de especialistas externos y de sus hallazgos debe informarse al país, pues, de acuerdo con su presidenta ejecutiva, Irene Cañas, la salud financiera de la institución “está en números rojos”.
Aunque lo usual en estos días de enero es desearles un muy feliz y venturoso Año Nuevo, en la realidad, el entorno macroeconómico no pinta muy bien y, por tanto, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, así como las organizaciones representantes del sector privado del país, deben redoblar esfuerzos para, de manera sistemática, atacar a fondo los problemas estructurales que afectan la economía nacional y solo así, quizás, a finales de este 2019 tengamos más motivos para celebrar.
