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La Asamblea Legislativa del cuatrienio iniciado en el 2018 se distinguió por la responsabilidad fiscal y ayudó a evitar un descalabro nacional, pero su actuación fue mucho menos distinguida en relación con el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. La prueba está en la avalancha de nuevos pensionados con la modalidad de renta a plazo cotizado, mejor llamada retiro acelerado.
Es, en el fondo, una apuesta contra la longevidad porque consiste en vaciar la cuenta personal en un plazo idéntico al de la acumulación, es decir, los años de cotización. En el 2020, el Congreso abrió la posibilidad a quienes se jubilen antes del 18 de febrero del 2030. La reforma fue un parteaguas porque permite a los pensionados obtener una suma mensual muy superior.
Claro está, el ingreso también se acaba más pronto, y buena parte de los jubilados con esa modalidad terminarán dependiendo de sus pensiones de los regímenes básicos, especialmente el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La visionaria Ley de Protección al Trabajador fue aprobada en el 2000 precisamente para enfrentar el previsible deterioro de ese sistema, al cual están afiliados la gran mayoría de los trabajadores del sector formal.
En el 2020, cuando la Asamblea Legislativa reformó el ROP, el beneficio del IVM era un 60 % del salario de referencia. Cinco años más tarde, la CCSS lo había reducido a entre un 43 % y un 52,5 % del salario de referencia. Ese deterioro progresivo exige complementar las pensiones básicas, pero los diputados se resistieron a preservar el espíritu de la ley cuando aprobaron la reforma del 2020.
La gratificación inmediata del cheque abultado por el retiro acelerado del fondo nubla la vista de muchos pensionados y convirtió al sistema, este año, en el preferido del 85 % de los jubilados. La modalidad cobró vigencia en enero del 2021, y al cierre de ese año ya había sido escogido por el 27 % de los pensionados.
El problema futuro se agiganta debido al creciente número de personas listas para pensionarse en esta década. Las recientes reformas del IVM y la oportunidad de adelantar la pensión mediante el pago de cuotas para acogerse a las condiciones más favorables del pasado reciente elevó el registro de jubilados a 70.947, un 50 % más que los 47.289 en el mismo mes del 2023 y casi el triple de los 25.934 del 2022.
A ese impulso de las reformas vigentes a partir de enero se suma el cambio demográfico. El país envejece y esa es razón de más para la prudencia en el manejo de los regímenes de pensiones. Esa prudencia no se puede esperar de los beneficiarios, cuya inclinación natural es obtener la mayor cantidad de dinero a corto plazo en lugar de pensar en el futuro.
Apenas 17.114 personas eligieron el plan de renta permanente, que garantiza un ingreso más modesto durante toda la vida del jubilado, pues solo recibe el rendimiento de las inversiones de su ahorro individual. El capital permanece para ser entregado a los beneficiarios cuando fallece el pensionado.
Otras modalidades más previsoras, como el retiro programado a partir de la tabla de mortalidad, que llega a los 115 años, y la renta a expectativa de vida condicionada (fija la distribución de los recursos acumulados según la esperanza de vida de la persona al momento de pensionarse) resultan menos gratificantes a corto plazo. En eso consiste la trampa puesta por el Congreso a los nuevos pensionados.
