La carga de nuevas funciones al Poder Judicial, sin los recursos necesarios para cumplirlas, se ha convertido en una amenaza para su capacidad operativa y para la democracia. La advertencia proviene del Informe Estado de la Justicia 2025.
El análisis concluye que dos factores externos están saturando nuestro sistema judicial: por un lado, la aprobación de leyes que aumentan sus competencias sin financiamiento; por otro, el aumento de la conflictividad social y la escasa utilización de mecanismos alternativos, como la justicia restaurativa.
Solo para tener una idea de cuán grave es la situación judicial, entre 2019 y 2024, la Asamblea Legislativa aprobó 46 leyes en materia de seguridad, de las cuales 30 afectan directamente la jurisdicción penal. Pero solo seis de las 46 incluyen asignación presupuestaria. A eso se suma que muchas trasladan al ámbito judicial asuntos que antes no eran judicializables, lo cual implica más carga, sin infraestructura ni personal para atenderlos.
La contradicción es evidente. Por un lado, los diputados aprueban leyes que imponen nuevas tareas al Poder Judicial; por otro, el Ministerio de Hacienda mantiene una política presupuestaria restrictiva. El presupuesto aprobado para 2025 –aunque refleja un aumento nominal del 3,29%– no contempla las nuevas obligaciones judiciales ni el crecimiento en la cantidad de casos. En términos reales, no hay un incremento efectivo. Peor aún, el déficit presupuestario supera los ¢53.000 millones.
La situación operativa es crítica. Cada fiscal auxiliar tramita, en promedio, 250 expedientes, lo que retarda procesos y aumenta el riesgo de errores. El OIJ y el Ministerio Público enfrentan un faltante conjunto de 1.450 funcionarios, y las áreas más golpeadas son las dedicadas al crimen organizado, la violencia de género, los delitos informáticos y la corrupción.
A pesar de esfuerzos internos, como la redistribución de recursos, los tribunales itinerantes y los programas de justicia restaurativa, el sistema sigue desbordado y la lentitud judicial es una realidad. El 16 de junio informamos del proceso de quiebra de una empresa iniciado en 1988 que aún no se resuelve, en parte porque el Juzgado Concursal solo tiene dos jueces para casos de alta complejidad.
Los casos por corrupción tardan de siete años a más de dos décadas en ir a juicio y los de delitos de violencia sexual, hasta 12 años, y solo una fracción llega a juicio. La justicia tardía deja de ser justicia y multiplica la revictimización.
Esa fragilidad operativa ha sido aprovechada por el poder político para lanzar una ofensiva discursiva contra jueces, magistrados y fiscales, agregó el informe. En ese sentido, el presidente Rodrigo Chaves utiliza su “poder de megáfono” para deslegitimar al Poder Judicial, acusándolo de ineficiencia y de favorecer a los criminales. Es una estrategia de trash-talking institucional; es decir, un intento deliberado de descrédito, desprestigio o basureo, según el Estado de la Justicia.
La narrativa engañosa, que responsabiliza a los jueces del aumento de la criminalidad, confunde a la ciudadanía. Por ello, el informe alerta de que el Poder Judicial enfrenta hoy una de las arremetidas más delicadas de su historia democrática. No solo por el agresivo discurso de Chaves, sino también por el crimen organizado, que ha intensificado sus ataques con asesinatos de testigos y policías judiciales, balaceras contra sedes judiciales y amenazas constantes.
Paralelamente, mientras la criminalidad escala, Chaves se niega a firmar leyes que fortalezcan al OIJ y la Fiscalía. En palabras suyas, “uno no les da alas a animales ponzoñosos”. Su negativa coincide con los allanamientos por supuesta corrupción en su administración, una lógica revanchista que mina la institucionalidad.
Frente a los cuestionamientos del Estado de la Justicia, el Poder Judicial debe abrirse a la crítica, no como lo hizo en 2022, cuando la molestia de algunos magistrados por las observaciones de ese año llevó a la ruptura del convenio que lo sustenta. Fue un error.
El informe es una herramienta técnica y cívica que permite señalar debilidades, corregir rumbos y fortalecer la confianza institucional. Rechazar la crítica seria y documentada debilita la justicia. Con lo que sí deben ser frontales los magistrados es con los ataques políticos.
Por su parte, a los 57 diputados les corresponde aprobar leyes responsables, con financiamiento y mecanismos de evaluación. Al Ejecutivo, en tanto, le toca respetar la división de poderes, cesar los ataques infundados y respaldar con hechos –no solo con discursos– su supuesto compromiso con la seguridad y la democracia.
Pero lo más relevante es que los ciudadanos evitemos quedar atrapados por discursos que distorsionan la realidad para servir intereses personales o políticos. Debemos tener claro que un Poder Judicial independiente no es un obstáculo, sino nuestra principal garantía de que la ley se aplica por igual a todos, incluyendo a los que tienen poder. Defenderlo es defender el derecho a vivir en una democracia con justicia.
