La Contraloría General de la República dejó al descubierto, el lunes 21 de setiembre, cómo la falta de planificación y controles provocaron sobrecostos por ¢13.437 millones ($29 millones) y atrasos de entre año y medio y seis años y medio en tres proyectos de transmisión eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Ese informe llevó a que el Consejo Directivo acordara, un día después, disolver la Dirección de Planificación y Sostenibilidad –del negocio eléctrico– y anunció que sus funciones las asumirá la División de Transmisión.
Sin duda, ameritaba una respuesta rápida porque el informe DFOE-SOS-IAD-00005-2026 de la Contraloría documentó, al realizar una auditoría centrada en los años 2024 y 2025, fallas en la preparación y ejecución de obras. Lo que procede ahora es que el ICE explique cómo evitará que esos errores se repitan e investigar qué responsabilidades corresponden por decisiones desafortunadas. Sobre todo, porque el entonces mandatario y ahora ministro, Rodrigo Chaves, afirmaba que “el ICE está volando” y en setiembre de 2024 decía que el país “ya no come cuento y se dio cuenta de que existen otras formas de gobernar, sin despilfarro, en que se priorizan recursos donde urgen”.
Pues resulta que la fiscalización de la Contraloría detectó algo muy diferente. El presupuesto del Anillo de Miravalles pasó de ¢6.962 millones a ¢13.634 millones, un aumento del 95,8% con un atraso de 2,9 años con respecto a su fecha original de entrada en operación. Lo mismo sucedió en el refuerzo de la península de Nicoya, que lleva 6,6 años de demora y su costo aumentó más de ¢5.634 millones. Y en la modernización de la subestación Moín, los gastos acumulados ya superan en ¢1.132 millones el presupuesto, aunque la obra no ha concluido.
Las tres cifras suman incrementos en costos por ¢13.437 millones, casi tanto como el presupuesto actualizado de todo el Anillo de Miravalles. Se trata de tres proyectos vitales porque forman parte de la red que lleva electricidad desde las plantas generadoras hasta los lugares donde se consume. Miravalles busca reforzar la red en Guanacaste; el plan de Nicoya, en la península del mismo nombre, y Moín moderniza una subestación en el Caribe.
¿Qué ocurrió en las obras? En Miravalles, en la etapa de diseño, no se hicieron oportunamente los estudios para comprobar las condiciones del terreno donde se construiría la subestación Fortuna. La incompatibilidad con el diseño se descubrió cuando el proyecto ya estaba en ejecución, por lo que debieron trasladar la subestación y sustituir la tecnología prevista, lo cual repercutió en atrasos y encarecimiento de equipos.
Algo similar pasó en Nicoya. El ICE no confirmó a tiempo con la distribuidora local las condiciones para interrumpir el servicio y trabajar sobre una línea existente. Cuando se estableció que el corte no podía superar dos horas, se planteó reconstruir la línea sin desconectarla, pero esa solución resultó inviable. Hubo que añadir una obra que no estaba prevista y replantear el proyecto.
En Moín, la Contraloría encontró estimaciones deficientes y un estudio topográfico que no se contempló a tiempo. El proyecto seguía inconcluso en abril de 2026, pese a que ya había gastado más de lo autorizado en su presupuesto vigente.
Los tres casos muestran problemas de planificación: el ICE fijó plazos y presupuestos sin haber comprobado antes si el terreno era adecuado, si podía intervenir la línea existente y qué trabajos requería cada obra.
Ante tantos años de atraso y costos de más, hacemos nuestra la advertencia que hizo la presidenta Laura Fernández el 24 de junio, cuando aseguró, en su conferencia de prensa semanal en Zapote, que no iba a permitir “despilfarro” de recursos públicos porque “la plata del pueblo de Costa Rica es sagrada”.
Para que sus palabras tengan consecuencias, la mandataria debe exigir explicaciones sobre lo sucedido al Consejo Directivo y a la Presidencia Ejecutiva del ICE. La Gerencia de Electricidad también debe dar cuentas de las decisiones tomadas en cada obra, de las advertencias que recibió y de las medidas para corregir las fallas.
La medida de disolver la Dirección de Planificación y Sostenibilidad no resolverá por sí misma las fallas señaladas por la Contraloría. El ICE tiene que explicar qué controles se establecerán cuando sus funciones pasen a la División de Transmisión y quién será responsable de verificar que se cumplan. A la vez, debe revisar si hay otras obras en marcha con estudios pendientes, presupuestos poco firmes o plazos que no podrá cumplir, y corregirlas antes de comprometer más recursos. Solo así, a sus 77 años de existencia, el Instituto seguirá siendo decisivo en el desarrollo, competitividad y calidad de vida de los costarricenses.
Quienes hoy lo dirigen deben cuidar ese legado con obras bien preparadas, costos que puedan explicarse y una red capaz de crecer a tiempo. La Contraloría debe seguir vigilando con criterio técnico e independencia, mientras el ICE debe demostrar, con resultados y no solo con reorganizaciones, que ha aprendido de estos errores.