La Contraloría encontró que tres de cinco proyectos del ICE clasificados en etapa de inversión presentan retrasos de 1,5 a 6,6 años respecto de sus fechas originales de finalización. Además, registraron sobrecostos por ¢13.437 millones y avances físicos inferiores a los previstos:
- Proyecto Refuerzo de Transmisión Anillo Miravalles: acumula un atraso de 2,9 años y registra la mayor desviación presupuestaria, al subir su costo en un 95,8%, de ¢6.962 millones a ¢13.634 millones. Su avance físico es del 25,5%, frente al 92,2% programado.
- Refuerzo de Transmisión Península de Nicoya: presenta el mayor retraso, con 6,6 años, un incremento presupuestario de ¢5.634 millones (23,6%) y un avance físico del 47,5%.
- Modernización de la Subestación Moín: el atraso es de 1,5 años. Al 30 de abril de 2026 registraba un costo acumulado de ¢5.974,6 millones, cifra superior en ¢1.131,9 millones (23,4%) al presupuesto vigente de ¢4.842,7 millones, sin haber concluido.
Según informó el ICE, la disolución tiene el objetivo de fortalecer sus procesos de planificación, gestión y seguimiento de proyectos para mejorar la identificación, la priorización y el desarrollo de las necesidades de infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En su informe, la Contraloría había indicado que los atrasos en los proyectos incrementan el riesgo de que la expansión de la red de transmisión eléctrica no acompañe a tiempo el crecimiento de la demanda ni el desarrollo de la generación y distribución.
El órgano contralor detalló que las desviaciones en los proyectos tienen su origen en estudios técnicos incompletos, riesgos prediales no resueltos a tiempo y limitaciones en la disponibilidad de recursos especializados.
El ICE agregó que las tareas de la dirección disuelta serán asumidas por la División de Transmisión y que las órdenes de la Contraloría serán atendidas dentro de este proceso de mejora institucional.
La red de transmisión eléctrica nacional dispone de 2.500 kilómetros de líneas y más de 70 subestaciones.
