Editorial: Reformas constitucionales

El artículo 248 de la Constitución vigente desde 1983 exigía ratificar las reformas en el Congreso siguiente, después de celebrar elecciones. Es decir, la mitad más uno de los legisladores debían respaldar el cambio en una legislatura y el siguiente Congreso debía aprobarla por dos terceras partes de los votos.

Ahora, la reforma puede ser instantánea, en una sola legislatura, si la acuerpan tres cuartas partes de los legisladores. Hasta hace poco, eso significaba 61 de 84 diputados, pero ese número de votos no será necesario en el futuro, porque el Congreso integrado después de las reformas electorales del año pasado solo tiene 60 escaños y Bukele controla 54. Si antes le sobraban tres votos para la mayoría de tres cuartas partes, ahora le sobran nueve.

En consecuencia, la Constitución salvadoreña dice lo que el gobernante quiere que diga, y si conviene ponerla a decir otra cosa, basta con el voto de 45 diputados para lograrlo. El procedimiento abre un abanico de posibilidades de abuso por parte de un gobierno cuyo éxito en la lucha contra la violencia se construyó sin mucho respeto por los derechos humanos y las libertades cívicas.

Ese éxito le ha valido el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y una carta blanca para forjar las instituciones y leyes a la medida de sus necesidades inmediatas, pero una constitución no es para eso, sino para proveer un marco jurídico estable a largo plazo, con límites permanentes al ejercicio del poder y garantía duradera para los derechos de los ciudadanos.

Por eso las reformas constitucionales son de tramitación compleja. El propósito no es entorpecer el cambio, sino obligar al análisis y amplia discusión de modificaciones tan fundamentales. La Constitución de los Estados Unidos, con sus 235 años de vigencia, solo ha sido reformada 27 veces, la mayoría para incorporar elementos tan obvios desde la perspectiva actual como los derechos fundamentales (libertad de prensa y asociación, por ejemplo) y abolir la esclavitud. El método más usual de reforma exige dos terceras partes de ambas cámaras legislativas y posterior ratificación por las legislaturas de dos tercios de los estados integrantes de la federación.

El artículo 135 de la Constitución costarricense describe un largo camino para las reformas parciales, incluidas varias lecturas en el plenario, votación con mayoría de dos tercios, previo examen de la propuesta en una comisión, envío al Ejecutivo para que la presente con su informe en la siguiente legislatura y nueva votación de dos tercios de los diputados.

La estabilidad de una constitución es también la estabilidad de un sistema político y la garantía, para nacionales y extranjeros, de los derechos reconocidos a cada cual. La caracterización de los textos fundamentales y la ley misma como un estorbo para el buen gobierno y la administración eficiente es señal de alarma de designios autoritarios. Hoy, una mayoría de los salvadoreños parece inclinada a respaldar la materialización de los deseos del presidente Bukele, pero ¿qué pasará si llegan a cansarse de su gobierno? Es imposible saberlo si las reglas básicas pueden cambiar a capricho del gobernante.